Santo Domingo, 16 oct (EFE).- El procurador general dominicano, Francisco Domínguez Brito, rechazó hoy investigar a dos funcionarios señalados como responsables del déficit fiscal, que obligará una reforma que contempla el aumento de los impuestos en el país.
El funcionario dejó así a un lado las intenciones de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), que la semana pasada le pidió investigar al ministro de Economía, Juan Temistocles Montas, quien ocupaba el mismo cargo en el Gobierno de Leonel Fernández, relevado del poder el 16 de agosto pasado por Danilo Medina, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Igualmente pidió llamar al administrador del estatal Banco de Reservas, Vicente Bengoa, quien en un tramo del Gobierno de Fernández ocupó la cartera de Hacienda, así como a su sucesor en el cargo Daniel Toribio y al exdirector de Presupuesto Luis Hernández.
Según Adocco, durante el proceso de transición, entre mayo y agosto pasados, más de 100.000 millones de pesos (2.564 millones de dólares) se manejaron para el pago de deudas públicas.
El coordinador general de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, justificó entonces su solicitud al procurador argumentado que "el denominado hoyo presupuestario es producto de violaciones a la Constitución de la República, de la ley de presupuesto y gasto público, como también de la ley de crédito público (...)".
Sin embargo, Domínguez Brito, en declaraciones hoy a medios locales, dijo que la solicitud de la entidad no "tienen soporte ni fundamento legal" y que, por lo tanto, no procede una investigación, al tiempo que pidió no mezclar la corrupción con la política.
De inmediato, la postura del funcionario fue rechazada por el coordinador general de Adocco, quien calificó de penosa la decisión del funcionario.
Para Adocco, la actitud del procurador representa un "flaco servicio a la lucha contra la corrupción" en el país.
De la Rosa Tiburcio señaló a través de un comunicado que la responsabilidad del procurador "es indagar con solo el rumor público todo acto contrario a la Constitución y las leyes" y que éste "no es juez para establecer quién es culpable o inocente".
Para esta entidad, la proyectada reforma "constituye un perjuicio a la población dominicana, que en modo alguno tuvo responsabilidad en la situación presentada".
La iniciativa, rechaza por sectores de la sociedad, contempla un aumento en los impuestos, lo que permitirá al Ejecutivo obtener unos 53.000 millones de pesos (1.358 millones de dólares) en los próximos tres años para paliar el actual déficit.
El proyecto, que ahora deberá ser enviado al Congreso Nacional (bicameral) para su aprobación, establece, entre otros, un aumento del 16 al 18 % del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales (ITBIS), excepto los servicios básicos y la canasta familia.
El déficit fiscal a septiembre pasado asciende a 148.564 millones (unos 3.809 millones de dólares), lo que representa el 6,5 % del producto interno bruto, según datos del Ministerio de Economía. EFE