Madrid, 27 feb (.).- El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado este martes la decisión del exministro José Luis Ábalos de pasarse al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, lo que "no es coherente con la trayectoria política", y ha subrayado que tiene una "responsabilidad política" en el "caso Koldo" por haber elegido a Koldo García como su asesor.
Puente ha añadido que tiene "el más alto concepto por José Luis Ábalos como persona y como político", y ha reconocido que la situación es para él, desde el punto de vista político y personal, "absolutamente desgarradora".
"Si me hubieran dicho que tenía que vivir ese momento, pedir a José Luis Ábalos el acta porque ante una petición del partido se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído porque no es coherente con lo que ha sido", ha indicado.
En su opinión, Ábalos "tiene que tomar una decisión que esté a su altura como político y ésta, desde luego, no lo está" y tampoco es la mejor de las decisiones designar a "personas que no tienen la cualificación necesaria" en operaciones como la compra de material sanitario.
Tras destacar que Ábalos "ha sido un militante ejemplar, un gran socialista, un gran ministro y un gran secretario de organización socialista", ha explicado que "nadie en el PSOE le está acusando a Ábalos de corrupción", pero, a su juicio, tiene "una responsabilidad ineludible" porque "uno elige a quién le rodea".
El ministro ha recordado el caso de Josep Borrell frente a Joaquín Almunia en 1999, cuando el primero tuvo que renunciar como candidato a la presidencia del Gobierno después de conocerse que dos de sus colaboradores estaban siendo investigados.
"Borrell se marchó. Nadie le vio como un corrupto y esa decisión le engrandeció", ha subrayado.
Según Puente, Ábalos "se equivocó eligiendo y vigilando", especialmente tras haber escuchado sus declaraciones del fin de semana pasado, en las que reconocía que fue advertido por mucha gente sobre su colaborador.
El titular de Transportes ha manifestado su rechazo ante cualquier acto de corrupción, diciendo que lucrarse con un contrato público es un delito, "pero hacerlo además en una situación de pandemia es una inmoralidad casi insuperable y esa es la gravedad de todo este asunto".
Asimismo, el ministro ha detallado, en una rueda de prensa, la puesta en marcha de una auditoría específica, anunciada ayer, sobre la compra centralizada mediante dos órdenes ministeriales para adquirir 13 millones de unidades de mascarillas FPP2, ocho millones por parte de Puertos del Estado y cinco millones por parte de Adif.
Dicha compra ya fue en su momento fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado (IGAE) sin que se encontraran irregularidades y, además, fue el material más barato adquirido en España en aquel momento.
Puente ha detallado que la auditoría será realizada por la Inspección General de Servicios para garantizar su independencia, compuesta por funcionarios de carrera "que no deben su puesto a este Gobierno y son inamovibles", cuyas conclusiones se esperan "a la máxima brevedad posible".