Mar Gonzalo
San Juan, 16 jun (EFE).- El desplome de la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico ha hecho saltar las alarmas, ante la evidencia de que no hay fondos públicos disponibles para hacer frente al pago de las obligaciones de la deuda en los próximos meses.
En mayo la liquidez del brazo financiero del Gobierno cayó un 24 % respecto de abril y quedó en 778 millones de dólares. En junio, último mes del ejercicio fiscal tendrá que pagar 154 millones en devolución de deuda.
Así las cosas, el panorama se ve realmente complicado para el inicio el 1 de julio del próximo ejercicio fiscal, cuando el Gobierno trabajará con un presupuesto de 9.800 millones y tendrá que destinar un mínimo de 1.538 millones a deuda e intereses.
Se trata de una cifra históricamente alta, para una isla con más de 72.000 millones de dólares en deuda pública, a lo que hay que sumar los planes de pensiones, lo que eleva esa cuantía a 115.700 millones de dólares.
"Siempre lo hemos dicho, que hay un riesgo grande" de que el Gobierno se quede sin fondos para operar, reconocía hoy la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, en una entrevista de radio.
Igualmente, Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, explicaba en un seminario que "el nivel del servicio de la deuda está empezando a tener un impacto negativo en la cantidad de dinero que se puede repartir para otros servicios medulares".
Como él, cada vez son más los que, desde el ámbito académico y político, ponen en duda la conveniencia de dar prioridad al pago de la deuda frente a otras necesidades de la isla, como pagar nóminas o atender gastos operativos.
La situación es tan complicada que el Gobierno planea aprobar esta semana una legislación que permita a las corporaciones públicas que sí tienen liquidez presten unos 900 millones de dólares al BGF, algo que ahora está prohibido por ley.
Se haría a través de la compra por parte de esas corporaciones de TRANs (notas en anticipación de contribuciones e ingresos) emitidas por el Gobierno, que también trata de colocar este tipo de instrumentos de deuda a corto plazo entre la banca privada.
Ello podría ayudar a aliviar a corto plazo la tremenda escasez de liquidez del BGF, que a 31 de mayo contaba con 778 millones de dólares, una cifra que hace un año superaba los 3.000 millones y que está muy cerca de los 500 millones de mínimo que por ley esta institución tiene que tener siempre en su arcas.
"Los números ponen en evidencia la inminente insolvencia del BGF", dijo hoy el líder opositor y representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, que acusó al Gobierno de llevar "meses negando que el banco tuviera una crisis de falta de liquidez".
Igualmente, la senadora opositora Margarita Santiago apuntó: "no podemos olvidar que esta amenaza y ya casi inminente colapso del BGF y del Gobierno en general toma forma aún después de dos impuestos a la gasolina y los derivados del petróleo".
El Gobierno confiaba también en que con una subida del impuesto sobre bienes y servicios del 7 al 16 %, junto a otras reformas fiscales, impulsara sus ingresos, pero finalmente se ha aprobado una reforma menos ambiciosa, que tardará en dar sus frutos y que está por ver si cuenta con el aval de los mercados, que por el momento siguen cerrados para la isla.
Por ejemplo, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le debe 2.000 millones de dólares al BGF que no tiene. Estaba previsto que esta empresa pública los obtuviera de los mercados financieros pero éstos están exigiendo unos intereses prohibitivos, según reconoce el Gobierno puertorriqueño.
Sin acceso a los mercados, sin autonomía en política monetaria y sin acceso a instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, son pocos ya los que no ven inevitable que el Gobierno tenga que elegir entre devolver la deuda o pagar nóminas y pensiones.
El presidente de la Comisión Cameral de los Sistemas de Retiro, Jesús Santa, reconoció hoy que es "parcialmente cierta" la posibilidad de que el fondo de pensiones quede "insolvente" próximamente.
El propio BGF ha apuntado en alguna ocasión que podría negociar una moratoria en el pago de la deuda y una renegociación de las condiciones de devolución, al tiempo que se baraja la privatización, al menos parcial, de algunos de los gigantes públicos más endeudados.