San Juan, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico anunció hoy que la semana próxima ofrecerá explicaciones a los mercados sobre su situación fiscal y la de sus corporaciones públicas, sobre las que se teme alguna declaración de quiebra, y sus planes para dejar atrás una recesión que se prolonga ya por ocho años.
La cita con la "comunidad inversora" tendrá lugar el próximo jueves, 17 de julio, a las 14.30 hora local (18.30 GMT), a través de una vídeoconferencia en la que se prevé que participe parte del equipo financiero del Gobierno.
En el escueto anuncio de la convocatoria, enviada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) -el brazo financiero del Gobierno y asesor fiscal de las entidades públicas de la isla-, no se concreta sin embargo quiénes serán los participantes.
Tampoco se adelanta el contenido de la presentación, tras la que sí se permitirá preguntas que hayan sido registradas previamente, aunque es de esperar que se aborde el tema de las agresivas degradaciones acometidas por las agencias de calificación en los últimos días sobre la deuda boricua.
El presidente de la Junta de Directores del BGF, David Chafey, y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, emitieron también hoy un comunicado insistiendo en que la ley de quiebra de corporaciones públicas recientemente aprobada no supone un relajo en el compromiso del Gobierno de cumplir con sus compromisos con los bonistas.
La conocida a nivel local como la "ley de quiebra criolla" establece el marco legal para que las empresas públicas -titulares de cerca del 40 % de la ingente deuda puertorriqueña y responsables de prestar servicios básicos en la isla como la luz, el agua o las carreteras- puedan declararse insolventes y renegociar su deuda.
Las agencias acreditadoras han entendido esa nueva ley como un avance hacia un posible impago de deuda, mientras que el Gobierno insiste en que es una manera de aislar a esas entidades y establecer un mecanismo para que puedan buscar su autosuficiencia económica sin dejar de prestar sus servicios a la ciudadanía.
La degradación de Moody's del pasado 1 de julio en tres escalones -ya dentro del nivel de "chatarra"- llevó incluso al gobernador Alejandro García Padilla a canalizar su frustración amenazando a la agencia con llevarla a los tribunales.
A los pocos días le siguieron las otras grandes casas acreditadores con distintos tipos de bajadas de calificaciones, remitiéndose siempre al efecto que puede tener la nueva ley de quiebra para las corporaciones públicas.
"Esta Administración ha puesto en marcha medidas importantes y decisivas para estabilizar la situación fiscal de Puerto Rico, promover el crecimiento económico y salvaguardar y reforzar su crédito", insistieron en defender hoy Chafey y Acosta.
Añadieron que "vamos a seguir adelante con determinación y enfoque para guiar con éxito Puerto Rico en su camino hacia la salud fiscal y la estabilidad".
También en la tarde de este viernes, el BGF anunció que ha contratado los servicios de la compañía Public Financial Management (PFM) para que le asesore durante un año en las operaciones relacionadas con la gestión de las obligaciones generales del Estado y del resto de la deuda emitida por diferentes entidades públicas puertorriqueñas.
Previamente la Hacienda de Puerto Rico había anunciado que en el ejercicio fiscal que terminó el pasado 30 de junio recaudó un 5,5 % más que el año anterior, según cifras preliminares, hasta alcanzar los 9.037 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno había planeado que esa cifra fuera 488 millones más alta, con lo que la recaudación final se quedó un 5,1 % por debajo de lo que se había presupuestado, y el déficit en 783 millones de dólares.