San Juan, 1 abr (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico reconoció hoy que lleva meses negociando la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), históricamente su brazo financiero, y una moratoria en los pagos más inminentes, ante una falta de liquidez que lo ha llevado a la quiebra.
"Estamos en conversaciones ya hace semanas con un grupo considerable de nuestros acreedores sobre la reestructuración de la deuda del Banco", explicó hoy la presidenta del BGF, Melba Acosta, en un comunicado.
Igualmente, añadió, "el Gobierno considera ciertas acciones adicionales, como declarar una moratoria de pago temporera, de ser necesario, y enmiendas a la ley orgánica del BGF para atender esta situación".
El gobernador, Alejandro García Padilla, rehusó hoy pronunciarse sobre la situación, aunque se remitió a las declaraciones realizadas el jueves, en las que descartaba categóricamente que el BGF se fuera a privatizar, tal y como se ha estado comentando en los últimos días.
Fundado en 1942, esta entidad guía las estrategias financieras de este Estado Libre Asociado (ELA) de EE.UU. y sus entidades públicas para financiar el desarrollo de inversiones públicas.
"Promovemos la competitividad y estabilidad fiscal de Puerto Rico para transformar nuestra economía en una de las más desarrolladas del mundo, contribuyendo así al bienestar social y económico de nuestra población. Servimos como banco, agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado", apunta el propio BGF al describir sus funciones en su web.
Sin embargo, el banco se ha quedado sin fondos (con una liquidez actual que ronda los 700 millones de dólares) y no puede afrontar los próximos vencimientos de deuda: El 1 de mayo debería pagar 422,8 millones de dólares y en junio otros 700 millones.
Al respecto, Acosta reiteró hoy que se baraja un "sinnúmero" de opciones, incluido un "acuerdo de indulgencia" (forbearance agreement) con parte de los bonistas para aplazar el pago de mayo, sin llegar a un impago, en línea con la moratoria de facto que se mantiene con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para su deuda de más de 9.000 millones de dólares.
"Es falso que se vaya a privatizar al BGF. La información, además de incorrecta, es irresponsable con los empleados, ya que crea mucho desasosiego", dijo la máxima responsable de las finanzas públicas de la isla.
En un comunicado, reiteró que "las alternativas que se están evaluando buscan atender la situación frágil del Banco de manera responsable y no conllevan el despido de empleados públicos" y aclaró que por el momento "no hay decisiones finales tomadas".
La Unión Independiente de Empleados del Banco Gubernamental de Puerto Rico cree sin embargo que "existe una agenda orquestada de privatización desde el pasado año", cuando, según este sindicado, se entregaron las cuentas del BGF al Banco Popular (MC:POP).
De la misma opinión se mostró hoy el representante del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge Navarro Suárez, quien vaticinó que se avecina el cierre del BGF, cuyas arcas han sido "desangradas" a través de "transacciones altamente irregulares que trastocan los principios más básicos de una sana administración de fondos públicos".
"En los próximos días se anticipa la aprobación de un proyecto de Ley para la liquidación del BGF que (además) dejará en la calle a sus cerca de 300 empleados", advirtió.
También desde la oposición, el exsecretario general del PNP José "Pichy" Torres Zamora, se hizo eco de rumores que apuntan a que las agencias federales han ordenado no depositar sus fondos en cuentas del BGF desde hace unas semanas sino en bancos privados de la isla.
María Teresa Rodríguez, presidenta del sindicato del BGF, aseguró que la crisis de liquidez se debe a que "la parte operacional del Banco ha sido descuidada", hasta el punto de que hasta el 31 de diciembre de 2015 el banco acumulaba 6.500 millones de dólares en cuentas por cobrar en préstamos a entidades públicas de la isla, lo que supone casi la mitad de los activos de la entidad.
Según sus datos, uno de los principales deudores es el propio Departamento de Hacienda, con 1.285 millones de dólares de deuda; así como la Autoridad de Carreteras, con 1.800 millones de deuda.
La sindicalista pidió que se investigue por qué no se hizo la correspondiente gestión de cobro, no se creó un plan de pago o no se reestructuró esa deuda.
"Ahora para empeorar la situación, se le están dando instrucciones a las agencias de que transfieran sus cuentas de depósitos al Banco Popular, demostrando una clara agenda de privatización de otra parte operacional del banco afectando todavía más a la institución." añadió, tras criticar la falta de información que están recibiendo los empleados.
Esta agrupación asegura estar decidida a denunciar esta situación el próximo lunes en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mantendrá una vista sobre Puerto Rico.