San Juan, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para que revise la reciente declaración de inconstitucionalidad de la ley con la que se quería dar viabilidad a la quiebra de las empresas públicas de la isla, un texto conocido a nivel local como "ley de quiebra criolla".
Así lo detalló el secretario del Departamento local de Justicia, César Miranda y explicó que el recurso se hará a través de una petición de certiorari (solicitud de revisión), en un esfuerzo porque se reconozca la constitucionalidad de la Ley 71 de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.
"La decisión es producto de un análisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal", argumentó.
En un comunicado apuntó que el Gobierno cuenta con un plazo de 90 días para radicar la petición de certiorari ante el más alto foro judicial de EE.UU.
El pasado lunes 6 de julio, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston (Massachusetts) declaró inconstitucional la citada ley, que según Miranda, "deja a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas".
La determinación del panel fue respecto del pleito iniciado por dos firmas de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que demandaron a dicha entidad.
"Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones es errada, al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal", defendió.
Añadió que esta acción "sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional", continúa perjudicando "muy seriamente los intereses de Puerto Rico".
"Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública", concluyó.