Mar Gonzalo
San Juan, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico trabaja en su estrategia para iniciar la próxima semana las negociaciones con sus bonistas encaminadas a reestructurar la deuda, aunque el mayor de ellos no parece estar dispuesto a ceder mucho terreno.
"Pese a las afirmaciones hechas por su gobernador (Alejandro García Padilla), creemos que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar sus deudas", resume contundentemente Oppenheimer Funds, el principal bonista de la isla.
En una opinión publicada en su web sobre la situación en Puerto Rico, esta firma alega que, aunque García Padilla dijo que la deuda era "impagable", sólo dos días después, el 1 de julio, realizó "a tiempo y en su totalidad" los pagos del servicio de la deuda que vencían ese día.
"También el 1 de julio, el Gobierno comenzó el año fiscal 2016 con un presupuesto equilibrado", al tiempo que el "acuerdo de indulgencia con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) se amplió al 15 de septiembre, para dar tiempo a la compañía a desarrollar un plan operativo y financiero", recuerda.
Este fondo, que tiene unos 4.400 millones de dólares en obligaciones de Puerto Rico según cifras manejadas por Wall Street, acusa al Gobierno puertorriqueño de acudir a la "retórica" y recuerda que el propio secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, matizó recientemente que sí hay dinero, pero que se debe utilizar "para otras cosas", en el sentido de atender las necesidades internas y no devolver la deuda.
"La nueva retórica del gobernador, que entendemos como una manera de encubrir la firma de un presupuesto que requiere recortes de gastos impopulares, es decepcionante", añade la reseña.
Igualmente recuerda que, aunque se observa "un supuesto cambio en la disposición de la administración para pagar", para la mayor parte de su deuda Puerto Rico "no cuenta con un marco legal que le permita alterar sus obligaciones de servicio de deuda".
"El compromiso de nuestro equipo para proteger los intereses de nuestros accionistas -como ya lo hicimos al impugnar la constitucionalidad de la Ley de Recuperación- es inquebrantable", asegura la firma de inversión, que llevó ante los tribunales la conocida como la "ley de quiebra criolla".
Con esa ley, el Gobierno pretendía establecer un marco legal para que sus empresas públicas se pudieran declarar en bancarrota, en vista de que Washington se niega a incluir a la isla en la Ley federal de Quiebras.
Sin embargo, y a instancias de los bonistas, la Justicia estadounidense la ha declarado inconstitucional en varias ocasiones. El Gobierno planea ahora llevar el caso ante el Supremo de EE.UU.
"Esperamos que Puerto Rico actúe dentro de los principios de la ley, incluyendo su Constitución (que exige que se dé prioridad a la deuda emitida por el Gobierno central antes que a cualquier otro gasto público), y estamos dispuestos a defender los términos previamente acordados en todas y cada una de las emisiones de bonos".
Con esta rotunda declaración de intenciones se sentará el lunes a la mesa esta firma inversora cuando acuda a la reunión convocada por el Gobierno de la isla en la sede de Citigroup (NYSE:C) en Manhattan para tratar de renegociar los términos de la devolución de sus deudas.
En la reunión, que comenzará a las 15.00 hora local (19.00 GMT), Anne Krueger y Andrew Wolfe, ex miembros del Fondo Monetario Internacional, presentarán las conclusiones de un demoledor informe que elaboraron por encargo del Gobierno de la isla.
También acudirá la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, mientras que García Padilla estará en Washington DC "donde sostendrá reuniones con funcionarios federales sobre la situación fiscal de Puerto Rico", según detalló hoy La Fortaleza.
Pese al previsible rechazo inicial, al anunciar los detalles de la reunión García Padilla expresó su confianza en que serán unas "conversaciones productivas para todas las partes involucradas".
Entre los asesores del Gobierno boricua están también los bufetes Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, con asesor legal, y Millstein & Co, como asesor de reestructuración.
La idea del Gobierno es lograr un "ajuste de la carga de la deuda agregada del Estado Libre Asociado para que pueda ser repagada en términos sustentables mientras se garantiza que se honren los pagos de las pensiones a largo plazo y que se mantengan los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico".
En ese sentido, se ha comprometido además a elaborar un plan fiscal a cinco años, supervisado por una junta fiscalizadora que, "más allá de consideraciones políticas, garantizará la continuidad y honrará los compromisos acordados durante el proceso de reestructuración".