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Puerto Rico presenta su primera propuesta para reestructurar la deuda

Publicado 01.02.2016, 20:57
Actualizado 01.02.2016, 21:50
© Reuters.  Puerto Rico presenta su primera propuesta para reestructurar la deuda

San Juan, 1 feb (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico hizo pública hoy su primera propuesta en firme para reestructurar y reducir en un 30 % su deuda de 72.000 millones de dólares, un globo sonda que propone quitas de entre el 28 y el 61 %, según el tipo de bonista, y que no ha sido recibido con excesivo entusiasmo.

Aunque aún no hay una respuesta oficial, los bonistas conocen esta propuesta desde el pasado viernes y los pocos comentarios que se han publicado en los medios estadounidenses apuntan a que se trata de unas condiciones difíciles de aceptar para los acreedores, pese a que se les ofrecen ciertas garantías preferenciales de cobro.

Para Puerto Rico supondría sin embargo un tremendo balón de oxígeno para las asfixiadas arcas públicas de la isla caribeña, que se han quedado sin fondos para mantener operativo el Gobierno y seguir ofreciendo los servicios públicos más básicos.

En la actualidad la deuda absorbe el 36 % de los ingresos públicos y en la próxima década supondría unos 33.000 millones de dólares en deuda e intereses.

Si no se alcanza un acuerdo con los bonistas para el 1 de mayo, el Gobierno advierte de que tendrá que incurrir en un nuevo impago, ya que para esa fecha le vencerán títulos por un importe conjunto de 400 millones que dice no tener.

Concretamente el plan propone intercambiar cerca de 49.200 millones de dólares de deuda (sobre un total de 72.000 millones) por dos nuevos tipos de bonos: 26.500 millones en "bonos base" y 22.700 en "bonos de crecimiento".

Los "bonos base" serían los únicos de reembolso obligatorio y empezarían a devengar intereses en enero de 2018 que llegarían al 5 % anual en el ejercicio fiscal de 2021, cuando se empezaría a devolver el principal del préstamo.

En cambio, los "bonos de crecimiento" sólo se pagarían diez años después de su emisión y únicamente si los ingresos fiscales superan las previsiones del Gobierno. Además, sólo se repartirá cada año hasta un 25 % de la cantidad que exceda a los ingresos previstos.

Según el texto de la propuesta, que el Gobierno de la isla sólo difundió en inglés, a los titulares de obligaciones generales del Estado se les propondrá un recorte de su principal en torno al 28 %, a los de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) del 51 % y al resto del 61 %.

"La propuesta busca reducir la deuda de obligatorio cumplimiento y los pagos de próximo vencimiento, para dar así el tiempo a la isla para aplicar el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (FEGP) y estimular el crecimiento económico real", explicó hoy el secretario del Estado, Víctor Suárez, en un comunicado.

Añadió que, de ser aceptada, y si se cumple el plan de crecimiento, Puerto Rico contaría con recursos suficientes para prestar los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos, pagar a sus proveedores y a sus contribuyentes, recuperar su liquidez, que está en mínimos, y financiar sus sistemas de jubilación.

El pasado junio el gobernador reconoció que la deuda era "impagable" en los términos actuales, en agosto la isla incurrió en su primer impago y desde que comenzó 2016 ha empezado a desviar fondos originalmente reservados para pagar deudas de corporaciones públicas para pagar la deuda de la Administración central.

Si este plan se acepta en los términos actuales, la carga de la deuda sobre los ingresos fiscales de la isla quedará reducida a cerca del 15 %, respecto al actual e "insostenible" 36 %, explicó el Gobierno de la isla que acumula ya casi una década en recesión y que ha incurrido ya en varios impagos de deuda.

Por ello, en paralelo a estas negociaciones, el Gobierno está urgiendo al Congreso federal a que permita a la isla acogerse a la Ley de Quiebras, lo que permitiría a sus entidades públicas declararse en bancarrota y negociar con sus acreedores a través de un proceso ordenado.

Para lograrlo, el Gobierno también aseguró hoy que está diseñando la creación de una junta de control fiscal -tal y como le está exigiendo Washington- "para proporcionar la supervisión necesaria y garantizar que el Estado cumple con la FEGP y los términos de la oferta de canje".

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