San Juan, 30 jun (.).- El Gobierno de Puerto Rico prevé pagar al menos parte de los intereses de los bonos que vencen a partir de esta media noche, pero en cualquier caso es previsible que de momento incurra en su mayor impago de deuda.
Los diferentes bonos que vencen con la entrada de julio suman cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son Obligaciones Generales (GO's).
Este tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, en la que se asegura que su cobro tiene prioridad ante cualquier otro gasto público en el que haya de incurrir la Administración puertorriqueña.
Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reiteró hoy desde Washington que el Gobierno que no se podrá pagar el importe íntegro de los vencimientos, por lo que celebró la aprobación el miércoles de proyecto conocido como "Promesa" por parte del Legislativo de EE.UU.
A falta de su firma por parte del presidente de EE.UU., Barack Obama -que se espera tenga lugar en las próximas horas-, ese proyecto permite a la isla impulsar un proceso de reestructuración de la deuda pública, que asciende a unos 70.000 millones de dólares, y decretar una moratoria temporal en el pago de la deuda.
Sin embargo, al mismo tiempo exige el sometimiento del Gobierno a una junta federal de control fiscal, el compromiso de aprobar presupuestos equilibrados y realistas y financiar el fondo de pensiones públicas, que acumula un déficit de 40.000 millones de dólares.
La imposición de esa junta ha generado ya además una crisis política, porque supone la constatación de la falta de autonomía del Gobierno de Puerto Rico, que interpreta este requisito como un gesto colonial contrario al presupuesto de autogobierno incluido en el estatus de Estado Libre Asociado cuando éste se diseñó hace ya seis décadas.
De momento, Puerto Rico ha incurrido en tres impagos de deuda: en agosto de 2015 no pagó 57 millones de dólares correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público, en enero pasado fueron 37 millones de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y en mayo 400 millones del BGF.