Nueva York, 14 oct (.).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, rechazó hoy medidas de austeridad que perjudiquen a la población y pidió que se mantengan todas las ayudas federales, durante su presentación ante la Junta de Supervisión del plan a 10 años para la economía de la isla.
García Padilla compareció en Nueva York ante los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que creó la Ley Promesa aprobada por el Congreso en Washington para decidir la política fiscal y la deuda de Puerto Rico.
El jefe del Ejecutivo puertorriqueño entregó un plan fiscal -documento de más de 50 páginas- a la JSF que incluye siete puntos que deben ser la base para garantizar que se apliquen medidas de austeridad que no perjudiquen el crecimiento económico de la isla.
"El coste de la crisis no deben pagarlo los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico", dijo García Padilla a los miembros de la JSF, entidad que los próximos años se superpondrá al Ejecutivo local, que deberá dar cuenta de las medidas fiscales y financieras que adopte.
García Padilla resaltó que a pesar de que el Ejecutivo y los acreedores se pongan de acuerdo para la reestructuración de la deuda, seguirá siendo necesario el apoyo del Gobierno federal para evitar lo que, según catalogó, puede ser una crisis humanitaria ante la falta de fondos para pagar a los acreedores y prestar a la vez servicios básicos a la población.
Dijo que es necesaria la igualdad con el resto de los territorios de Estados Unidos en los fondos federales de Medicaid para personas con bajos ingresos.
El plan se basa en siete puntos que tratan de asegurar que las políticas de austeridad no perjudican la inversión, necesaria para mantener el crecimiento económico, por lo que pretende mantener la disciplina presupuestaria, la transparencia de las cuentas públicas y a la vez incentivar el crecimiento económico, para lo que se pide que sigan fluyendo fondos federales desde Washington.
El plan urge a que la JSF negocie con los acreedores, que gracias a la Ley Promesa temporalmente no recibirán por parte del Gobierno de la isla los pagos correspondientes a los vencimientos de deuda.
El plan advierte de que a finales de 2017 termina el flujo de los 1.200 millones de dólares que cada año se destinan a la isla a través de fondos por Medicaid, lo que crea ya incertidumbre.
García Padilla dijo que, según algunas proyecciones, si se perdieran las actuales ayudas federales para salud la deuda de Puerto Rico en 10 años puede ascender a 59.000 millones de dólares.
La ley Promesa fue aprobada ante la imposibilidad de que Puerto Rico de afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda superior a 60.000 millones y establece el aplazamiento durante meses del pago a los acreedores, aunque a cambio instaura una Junta de Supervisión Fiscal que se sobrepone al Gobierno local.