Mar Gonzalo
San Juan, 8 jul (EFE).- El rechazo judicial a que Puerto Rico aplique su propia ley de quiebra reavivó el debate sobre el estatus político de la isla, ya que su condición de Estado Libre Asociado a EE.UU. le impide sentarse a negociar con sus acreedores con la carta de una posible declaración de bancarrota bajo la manga.
Aún así, el Gobierno mantiene su plan de comenzar las negociaciones, para lo que ha convocado a sus acreedores a una reunión el lunes en las oficinas de CitiGroup en Nueva York a las 15.00 hora local (19.00 GMT).
Esa entidad trabaja como asesora del Gobierno en cuestiones relacionadas con la gestión de la deuda de la isla, que asciende a unos 73.000 millones de dólares.
Entre los asistentes estará la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex economista jefe del Banco Mundial Anne Krueger, contratada por el Gobierno para evaluar en profundidad la situación financiera de la isla.
También acudirán el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, como representante del Ejecutivo, y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, como máxima responsable de su brazo financiero.
"Es una reunión introductoria", explicó hoy Suárez, quien detalló que se presentará el demoledor informe elaborado por Krueger y su equipo sobre la situación real de las finanzas puertorriqueñas.
Insistió en que el mensaje será que Puerto Rico tiene la "intención" de pagar todo el principal de la deuda, pero necesita cambios en los términos del reembolso para que la economía pueda crecer y así generar los ingresos necesarios para poder pagar.
Acosta explicó también que la intención es presentar a los acreedores del Gobierno central y de las empresas públicas más endeudadas la situación real de Puerto Rico.
"Toda la deuda está sobre la mesa", dijo Acosta en referencia a una de las recomendaciones de Krueger de que se renegociara toda la deuda a la vez, en lugar de tratar de hacerlo cada entidad u organismo público por separado.
Puerto Rico afronta sin embargo el inicio de estas negociaciones sin la baza de poder declararse en bancarrota, ni el Gobierno ni sus empresas, bajo la protección de la Ley federal de Quiebras, un arma que hubiera sido útil para aumentar la disposición de los bonistas a negociar.
Esa ley no considera a la isla como un estado más de EE.UU. y la excluye de su amparo, pero, al mismo tiempo, la Justicia federal insiste en ver inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó hace un año (conocida como "ley de quiebra criolla") para establecer su