San José, 11 ene (.).- Una polémica reforma del principal sistema de pensiones de Costa Rica entrará en vigor el 11 de enero de 2024, después de que este martes el Gobierno la publicara en el diario oficial La Gaceta, con lo que comenzó a correr un plazo de dos años para su vigencia.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a cargo del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), informó este martes de la publicación y recordó que este era el último requisito para consolidar la aplicación de las modificaciones.
En agosto pasado la junta directiva de la CCSS aprobó la reforma al régimen de IVM, la cual elimina la jubilación por vejez anticipada para los hombres, quienes solo podrán retirarse hasta que cumplan los 65 años de edad.
Las mujeres sí tendrán la posibilidad de retirarse anticipadamente a los 63 años, y ya no a los 60, siempre que hayan cumplido con el requisito de 405 cuotas aportadas al régimen.
En la actualidad, los hombres pueden jubilarse anticipadamente a los 62 años y las mujeres a los 60, con 420 cuotas aportadas.
Cada año la CCSS aprueba unas 15.000 pensiones nuevas, de las cuales, alrededor de la mitad corresponden a jubilaciones anticipadas, según los datos de la entidad.
El IVM tiene alrededor de 1,5 millones de cotizantes y unos 235.000 pensionados.
Otra reforma acordada indica que la gente se podrá pensionar con un cálculo que involucra las mejores 300 cuotas de su vida laboral.
La CCSS asegura que estos cambios pretenden darle sostenibilidad al sistema al menos hasta el 2050, 13 años más de lo que estaba previsto sin los cambios.
"La reforma en cuestión responde a la estrategia institucional de fortalecimiento del IVM, cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad y solvencia de este, garantizando un equilibrio entre ingresos y gastos para las próximas tres décadas", explicó la CCSS este martes.
La entidad agregó que impulsa la conformación de una mesa de trabajo nacional, donde se discutan propuestas que le permitan al IVM contar con fuentes alternativas de ingresos y también para atraer a los trabajadores informales.
Grupos sindicales han expresado su rechazo a estos cambios y han acudido a instancias judiciales en busca de que se suspenda la reforma, sin que de momento lo hayan conseguido.