Madrid, 5 abr (.).- El Consejo de Ministros ha analizado este martes el anteproyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente en Defensa del Cliente Financiero, que resolverá las reclamaciones de los usuarios no satisfechos con su entidad y cuyas resoluciones serán vinculantes.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta nueva Autoridad unificará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones.
Al contrario de lo que ocurre actualmente con los dictámenes de estos servicios de reclamaciones, las resoluciones de la nueva Autoridad serán vinculantes para los bancos siempre que la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros.
La Autoridad podrá sancionar a las entidades financieras que incumplan las resoluciones y las reclamaciones deberán estar resueltas en un plazo de 90 días, "salvo que se trate de casos complejos", ha dicho Calviño.
Los clientes podrán acudir a esta institución de manera gratuita sin necesidad de contar con un abogado o un procurador.
Con la creación de la Autoridad, el refuerzo de la protección de los usuarios de la banca queda estructurado en cinco ejes: el primero se centra en los compromisos de cada entidad con sus clientes; el segundo fija las normas de conducta de las entidades financieras, y el tercero, los servicios de atención al cliente para la resolución de controversias.
En cuarto lugar se sitúa la reclamación extrajudicial frente a controversias individuales (la Autoridad) y en quinto la reclamación en vía judicial.
Esta nueva institución se financiará por las entidades financieras mediante una tasa de 250 euros por cada reclamación.
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos ha señalado que la transformación digital está teniendo un impacto muy importante en toda la economía, y particularmente en el ámbito de la banca, porque afecta a la inclusión financiera.
Ha explicado igualmente que en el pasado ha habido una "importante" litigiosidad en contra de las entidades financieras, caso de las preferentes o las cláusulas suelo, que, además de la carga para los usuarios, han supuesto un trabajo adicional para los juzgados.
El Gobierno someterá este anteproyecto de ley a un periodo de información pública durante cinco semanas y espera aprobarlo de forma definitiva en el segundo semestre del año.