Lisboa, 17 jun (EFE).- El presidente del Consejo de Administración del Banco Portugués de Inversiones (BPI), Artur Santos Silva, aseguró que, pese al rechazo de los accionistas al cambio de estatutos exigido por Caixabank (MADRID:CABK), esta entidad podría proseguir con su OPA.
La decisión de no eliminar el límite a los derechos de voto "puede no significar el fin de la OPA, hay condiciones que el oferente puede decidir alterar", afirmó Santos Silva en declaraciones a los periodistas al término de la asamblea general de accionistas celebrada hoy en Oporto.
El responsable de la entidad financiera lusa -la cuarta más importante del país por activos- informó de que los representantes de Caixabank se comprometieron a "tomar una posición lo más rápido posible sobre la continuidad de su oferta fuese cual fuese el resultado" de la votación.
La firma española, principal accionista del banco luso con el 44,1 % de los títulos, presentó una OPA a mediados de febrero que proponía un precio por acción de 1,329 euros (ligeramente por debajo de su cotización actual y lejos de los 2,26 euros en que fue valorada por los administradores del BPI) y que estaba supeditada a poner fin al blindaje de los derechos de voto.
Concretamente exigía un cambio estatutario que eliminase el límite de los derechos de voto -situado en el 20 %-, lo que le otorga prácticamente el mismo poder en el seno de la entidad lusa que el segundo mayor accionista, la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos, pese a que ésta sólo controla el 18 % del capital.
En un comunicado enviado al regulador bursátil, el BPI informó de que esta alteración recibió el apoyo del 52,45 % de los votos emitidos en la asamblea general celebrada hoy, cuando necesitaba del 75 % para hacerse efectiva.
La votación sobre esta alteración estatutaria fue incluida a petición de los angoleños ya en el orden del día de la asamblea general de accionistas del pasado 29 de abril, pero finalmente fue aprobado aplazar la votación hasta hoy.
Santos Silva explicó hoy que pese a que el Caixabank consideraba que "éste no era el momento todavía para votar" la supresión del límite de los derechos de voto, "no hacía sentido continuar aplazando" la decisión.