Madrid, 25 ene (.).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves que todos los "males de la vivienda" en España no se pueden achacar a una ley que solo lleva ocho meses en vigor y ha afirmado que hace ocho meses ya había problemas de vivienda en España.
Rodríguez respondía así, durante su comparecencia para informar de las líneas de su departamento en esta legislatura, a los grupos parlamentarios que culpan a la ley de una reducción de la oferta de vivienda y de disparar los precios del alquiler.
Isabel Rodríguez ha dicho que no se ha llegado a la actual situación en el tiempo que lleva en vigor la ley y ha añadido que "algunas cositas han pasado en los últimos años", como la venta de viviendas públicas a fondos buitres, como hizo el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.
Ha señalado que en el problema de la vivienda también tienen responsabilidad las comunidades autónomas, que tienen competencias, y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por eludir las responsabilidades que tiene en esa materia.
Como ejemplo de que la Ley de Vivienda no es "la causante de todos los males", ha recordado que la presidenta madrileña, en unas declaraciones antes de que la norma se aprobara, decía que vivía de alquiler y que, aunque quería comprar una vivienda, no podía por los precios.
La ministra también ha dicho que le preocupa que haya ayuntamientos que no quieren aplicar los índices de precios en zonas tensionadas previstos en la Ley de Vivienda y ha añadido que es algo que estudiará.
Ha señalado que hay algunas comunidades autónomas "más militantes" y otras "más rebeldes" en el cumplimiento de la Ley de Vivienda, si bien ha manifestado su respeto a las competencias de las comunidades autónomas, así como al pronunciamiento que haga el Tribunal Constitucional ante los recursos interpuestos por algunas de ellas.
Índices de precios en zonas tensionadas
La ministra ha expresado su preocupación por que haya ayuntamientos que se dirigen al Ministerio diciendo que quieren aplicar los índices de precios de la vivienda en zonas tensionadas, pero es que deben dirigirse a sus comunidades autónomas para exigir el cumplimiento de ley.
Respecto a posibles fraudes en el cargo que se introdujo para gravar las viviendas vacías, ha señalado que si hay fraude, se perseguirá, y ha hecho un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías para que las pongan en el mercado a un precio asequible.
Ha recordado que hay empresas que se dedican a ofrecer a los arrendadores seguridad sobre cómo se les devolverán las viviendas, participación en la gestión y programas para acelerarles la renta, pero ella no quiere que eso sea un negocio, sino que las administraciones hagan también ese trabajo de dar seguridad al que alquila un piso.
En cuanto a la ocupación de viviendas, ha dicho que la sensación que trasladan PP y Vox no se corresponde con la realidad y ha citado datos del Ministerio del Interior, según los cuales en el tercer trimestre de 2023 descendió un 12 %.
También se ha referido al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, de rehabilitación de 184.000 viviendas en alquiler social o a precio asequible, y ha dicho que han rebasado el objetivo de tener ya 20.000, pues con los 161 convenios firmados con las comunidades autónomas que hay ya se llega a 21.742.
Todos los grupos políticos han coincidido en sus intervenciones en que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de España.
El PP ha denunciado los efectos de las políticas intervencionistas en materia de vivienda, el aumento de los desequilibrios entre la oferta y la demanda o el incremento de la ocupación ilegal; mientras que ERC, Junts y PNV han acusado al Ejecutivo de invadir las competencias en materia de vivienda que tienen cedidas las comunidades autónomas.
Por su parte, Sumar ha pedido que se luche contra la especulación, que se limiten privilegios de grandes propietarios como el fondo Blackstone (NYSE:BX), así como sus bonificaciones fiscales, que la vivienda sea solo para vivir o que se elimine la 'Golden Visa (NYSE:V)', algunas preocupaciones que también ha compartido Vox.
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