Londres, 14 jul (.).- El académico y abogado Enrique Sánchez Falcón, nombrado por el opositor Juan Guaidó procurador especial de Venezuela, defendió este jueves ante un tribunal londinense la legitimidad de su cargo y los de la junta "ad hoc" del Banco Central de Venezuela (BCV) para gestionar el oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
Sánchez compareció como testigo de la parte de Guaidó en un juicio que se celebra hasta el próximo lunes en el Tribunal Superior de Londres para determinar si es la junta del BCV designada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, o la nombrada por el líder de la oposición la que puede acceder a las reservas del metal precioso.
Además del "procurador especial", declararon también hoy el presidente de la junta "ad hoc" de Guaidó, Manuel Rodríguez, y su antecesor en el puesto, Ricardo Villasmil.
Por la parte de Maduro, testificó Enrique Parody Gallardo, actual secretario de la cámara plenaria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que reivindicó la independencia de este organismo.
Cuestionado por el abogado de la junta de Maduro, Richard Lissack, Sánchez Falcón defendió las actividades de la Asamblea nacional de 2015, que permitió la constitución de la junta "ad hoc" opositora, y dijo que la constituida tras las elecciones legislativas de 2020 "es ficticia" y formada por "usurpadores", porque esos comicios fueron "fraudulentos".
El abogado, que está "exiliado" en Bogotá (Colombia), admitió que la Asamblea encabezada por Guaidó, que prorrogó por su cuenta su mandato, no se reúne en persona, "porque es absolutamente conocido que existe en Venezuela un régimen dictatorial y represivo que atentaría contra la vida" de sus miembros si se encontraran físicamente en un edificio en Caracas.
Rodríguez y Villasmil confirmaron que desde 2014 y 2017, respectivamente, viven en Estados Unidos y reconocieron que la junta "ad hoc" del BCV, cuya misión es "recuperar y proteger para el pueblo venezolano los activos en el extranjero", no tiene una sede y se reúne solo por videoconferencia.
A preguntas de Lissack, que trataba de demostrar que esta junta opositora no tiene autoridad real, ambos aseguraron que, aunque no siempre son el número de miembros requeridos por ley, sí que hay quórum en "las decisiones importantes".
Por la mañana compareció, por parte de la junta de Maduro, el exjuez Parody Gallardo, que negó haber sido amenazado o recompensado por el Gobierno de Caracas para declarar a su favor.
Presionado por el abogado de la junta de Guaidó, Andrew Fulton, que intentó demostrar que el TSJ no es un órgano independiente, Parody mantuvo que "nadie" le dictó lo que tenía que decir y rechazó que partes de su testimonio escrito fueran casi idénticas al presentado la víspera por el antiguo magistrado del Supremo venezolano Francisco Carrasquero.
Aseguró que Maduro "no" utiliza tácticas de represión contra sus oponentes y aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia actúa con "autonomía judicial".
En la sesión de mañana se espera que declaren los expertos en derecho venezolano Allan Brewer Carías, por la parte de Guaidó, y Julio César Arias Rodríguez, por la de Maduro.
Los dos expondrán su opinión sobre el estatus y validez de las sentencias del TSJ que declararon nulos los nombramientos de Guaidó a su junta "ad hoc" del BCV.
El tribunal británico debe determinar, a partir de los alegatos de las partes, si la Justicia inglesa debe aplicar o no esas resoluciones, dado que el Gobierno del Reino Unido solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, como presidente interino de Venezuela.
Si la jueza Sara Cockerill concluye que hay que aceptar las sentencias anulatorias del Supremo venezolano, sería la junta de Maduro la que podría gestionar el oro.
Si en cambio decide que no tienen validez en Inglaterra, sería la de Guaidó.