Madrid, 22 jun (.).- El presidente de Iberdrola (BME:IBE), Ignaco Sánchez Galán, ha vuelto a pedir que se le aparte de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo, tal y como ha ocurrido con el que fuera su jefe de gabinete.
El pasado 6 de mayo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional desestimó un recurso de Sánchez Galán y acordó mantenerlo como investigado, imputado provisionalmente por delitos de cohecho activo continuado, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometida por particular.
Pero ratificó el sobreseimiento acordado por el juez instructor, Manuel García Castellón, en relación con el que fuera jefe de gabinete de Sánchez Galán, Rafael Orbegozo.
Ahora, en un escrito fechado el pasado 17 de junio al que ha tenido acceso Efe, el presidente de Iberdrola alega que se le deben aplicar los mismos argumentos que sirvieron para el archivo de la causa sobre Orbegozo.
La sala consideró que no consta que Orbegozo "ordenara o transmitiera orden alguna de Sánchez Galán" al director de Seguridad, Antonio Asenjo, para que éste contratara con Cenyt, vinculada al excomisario de policía.
Tampoco "que conociera al proveedor del servicio, ni que contactara con este, ni que realizase seguimiento alguno de dichos proyectos".
En su recurso, Sánchez Galán señala que "igualdad sustancial entre los dos casos (semejanza de los hechos básicos) con el año 2009 como límite temporal de los hechos con los que se vincula a ambos, por lo que el término de comparación ofrecido resulta válido y hábil".
Asimismo, el presidente de Iberdrola vuelve a señalar que los hechos han prescrito; en el auto de sobreseimiento sobre Orbegozo, la Sala recordaba que las penas que pueden imponerse por los delitos atribuidos pueden ser superiores a cinco años de prisión y alcanzar hasta doce de inhabilitación, por lo que conllevan unos plazos de prescripción que no habrían transcurrido al iniciarse estas diligencias en 2019.
El juez instructor Manuel García Castellón investiga en esta pieza separada si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.