Madrid, 20 nov (.).- Óscar Puente, que el martes asumirá como nuevo ministro de Transportes y Movilidad, deberá lidiar a corto plazo con el traspaso de las competencias de Rodalies (las Cercanías catalanas) comprometido con ERC, así como con la convocatoria de varias huelgas en transporte ferroviario y servicios aeroportuarios.
Así, Puente tendrá que lidiar con un proceso de transferencia de competencias que Pedro Sánchez prometió a ERC para que esta agrupación apoyara su investidura, lo que a su vez desembocó en la convocatoria de varias jornadas de huelga por parte de los sindicatos de Renfe y Adif.
La primera de esas jornadas tendrá lugar ya este viernes, coincidiendo con la convocatoria de una huelga general por parte de Vox, que protesta así por el proceso de amnistía abierto también por Sánchez para garantizarse apoyos suficientes a su investidura.
A ello suma la reciente convocatoria por parte de UGT en el sector del 'handling', servicios de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros, en la semana del puente de diciembre para exigir "compromisos reales, concretos y claros" por parte de Aena (BME:AENA), el gestor aeroportuario, y evitar la merma de derechos de los trabajadores.
Una Ley de Movilidad pendiente
Más a largo plazo, el exalcalde de Valladolid deberá abordar como principal reto en el transporte la ley de movilidad sostenible, que decayó en la legislatura anterior, con la que se pretende descarbonizar el sector e incorpora el aumento del tráfico de mercancías por tren.
Transportes debe además rematar la creación de la autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que también quedó pendiente de la anterior legislatura y desarrollar el nuevo mapa concesional del transporte por carretera, ya que muchas de las líneas están caducadas.
Además en 2024 se prorrogarán la gratuidad en cercanías y las bonificaciones en los servicios de tren de media distancia para viajeros recurrentes, una medida que, según Raquel Sánchez -antecesora de Puente en el cargo-, se convertirá en estructural para determinados colectivos.
Sacar tráfico de las carreteras
La norma sobre movilidad que decayó con la disolución de las Cortes en mayo pasado buscaba una gestión eficaz del transporte en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Entre otros objetivos incluye el desvío de tráficos de las carreteras: en viajeros apuesta por el transporte público tanto urbano como interurbano, con incentivos a la descarbonización y la electrificación de las flotas de las ciudades además de la extensión de las zonas de bajas emisiones; y en mercancías se propone derivar la carga hacia el modo ferroviario.
A esa estrategia puede contribuir la liberalización de la alta velocidad ferroviaria, que ha permitido la entrada de nuevos operadores (las públicas francesa Ouigo e italiana Iryo se suman a las dos marcas de Renfe, el AVE y el Avlo) y la reducción sustancial de tarifas, lo que ha inducido mayor ocupación.
Por su lado, el documento Mercancías 2030 establece como objetivo llegar a transportar el 10 % de la carga por tren, desde el actual 4 %, una de las tasas más bajas de toda Europa, pero en este ámbito la introducción de operadores privados, en 2007, no ha sido tan exitosa.
Para tratar de darle un empujón, el consejo de administración de Renfe aprobó en septiembre pasado el inicio de la negociación con Medlog, filial del grupo logístico MSC, para crear una sociedad mixta al 50 % a la que se trasferirían todos los activos de la empresa pública.
Los peajes, descartados
En esta área de transportes lo que ya ha descartado el propio Pedro Sánchez -con el visto bueno de la Comisión Europea- es la imposición de peajes en las autovías, una medida que anunció el director general de Tráfico para 2024 y que generó una fortísima polémica.
La polémica de los peajes arrancó en julio pasado cuando el director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró que se implantarían en 2024 "por imposición de Bruselas", tesis que fue rebatida por diversos miembros del Gobierno, incluido el presidente.
La medida estaba recogida en el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas para España, pero en octubre pasado la Comisión Europea aceptó en la adenda al Plan que España sustituyera los peajes por otras medidas de impulso del transporte ferroviario de mercancías.
"Ha sido reemplazada (la reforma de los peajes) por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", explicó la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts.
Este pago se incluyó en las recomendaciones del comité de expertos para la reforma fiscal de marzo de 2022, que defendían un impuesto sobre el uso de autopistas y autovías, mediante un sistema de peajes electrónicos, de un céntimo por kilómetro para los turismos y de entre 3 y 4,9 céntimos para vehículos pesados.