Bruselas, 27 jun (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Martin Schulz, dijo hoy que los 6.000 millones de la garantía juvenil, el instrumento que los Veintisiete han impulsado para acabar con el paro entre los más jóvenes, "no puede ser el final del camino".
Schulz hizo estas declaraciones a su llegada a la cumbre del Partida Socialista Europeo (PSE) previo al Consejo Europeo que se centrará en la definición de la garantía juvenil y la exploración de fórmulas de financiación para que fluya el crédito a las pymes.
"Los 6.000 millones no pueden ser el final del camino. Hace falta que tanto los Estados como las regiones a través de los fondos europeos inviertan más recursos para acabar con el paro juvenil", afirmó el presidente de la Eurocámara.
Schulz señaló que además de recursos financieros debe "reformarse en toda Europa los sistemas educativos para que se ajusten mejor al mercado laboral".
En este sentido puso el ejemplo de sistema dual alemán, que combina las prácticas en empresas con la formación teórica.
El viceprimer ministro irlandés, Eamon Gilmore, señaló que la presidencia de turno defenderá un uso flexible de la garantía de juventud.
En este sentido, se espera que haya acuerdo respecto a la posibilidad de que los países con un desempleo entre los más jóvenes superior al 25 % puedan recibir el total de ayuda prevista para los próximos siete años entre 2014 y 2016.
España y otros países con altas tasas de paro juvenil piden además que las inversiones públicas para atajar esa lacra no computen a efectos de déficit, una reivindicación que sin embargo no se espera ver reflejada explícitamente en las conclusiones de la cumbre, señalaron fuentes diplomáticas.
Los cálculos del gobierno español cifran que serían entre 1.500 y 2.000 millones de euros del instrumento de la garantía juvenil los que corresponderían a España, que deberá en el mes de octubre presentar su plan de aplicación para que le sean desembolsados los fondos.
La garantía juvenil, propuesta por la Comisión Europea a imagen de la fórmula que ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, prevé que los jóvenes deban recibir una oferta de empleo, prácticas o formación tras cuatro años inactivos tras terminar sus estudios. EFE