Madrid, 14 abr (.).- Esta medianoche se cumple un mes desde que el Gobierno decretara el estado de alarma para frenar la epidemia de COVID-19, una medida que ha abocado al país a la recesión económica, lo que ha llevado al Ejecutivo a adoptar un conjunto de medidas para tratar de proteger el empleo y el tejido productivo.
La emergencia sanitaria ha llevado además al Gobierno a decretar una hibernación económica de díez días -dos semanas en la práctica al juntarse con los festivos de Semana Santa- para restringir aún más la movilidad, lo que ha provocado una paralización mayor en sectores que seguían funcionando como la construcción y la industria.
La actividad hibernada se irá recuperando desde esta semana, pero el estado de emergencia está previsto que se prolongue hasta entrado mayo, con lo que seguirán parados o en mínimos sectores como la hostelería, el transporte o el comercio no básico, que suponen alrededor del 20 % del PIB.
En esta situación se da por hecho una recesión abrupta que podría llevar a una caída de la economía en el conjunto del año de hasta el 10 %, aunque expertos y analistas coinciden en que habrá un rebote fuerte en 2021.
Los primeros datos oficiales conocidos han sido los del empleo en marzo, que ya reflejan la dimensión de la crisis, puesto que ha sido el peor mes para el empleo de la historia de España con 898.822 afiliados perdidos desde que se decretó el estado de alarma y 302.265 nuevos parados, una cifra donde no entran los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
Dos de cada tres puestos de trabajo destruidos en la segunda quincena de marzo eran empleos temporales, lo que pone de manifiesto una de las principales debilidades del mercado laboral español, que es la dualidad existente entre empleados fijos y temporales (con menos coste por terminación de contrato o despido), que lleva a que los ajustes de plantilla empiecen siempre por estos últimos.
Al empleo perdido hay que sumar el que se ha dejado en suspenso con los ERTE, que son más de 3 millones de trabajadores temporalmente cobrando el paro y que en teoría volverán a sus puestos de trabajo cuando la actividad se recupere.
Además desde el 28 de marzo está prohibido el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de manera que no se puede recurrir a la modalidad de despido más barata, la que indemniza con 20 días por año trabajado.
El Gobierno ha agilizado y bonificado los ERTE con el objetivo de que las empresas mantengan el empleo al menos durante seis meses después de que termine la suspensión del contrato, en tanto que a los trabajadores afectados se les ha dado el derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de cotización mínimo necesario.
Para ayudar a sostener el tejido productivo, se ha aprobado la concesión de avales públicos por un importe de hasta 100.000 millones de euros, de los que ya se han puesto a disposición dos tramos de 20.000 millones cada uno para que las empresas puedan obtener créditos con los que afrontar sus pagos.
Los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma o que sufran pérdidas severas por esta situación pueden acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y aplazar durante seis meses las cuotas a la Seguridad Social hasta julio.
Autónomos y pymes pueden también aplazar seis meses las deudas tributarias con la administración (como retenciones de IRPF o cuotas repercutidas de IVA) por hasta 30.000 euros, en tanto que este martes el Consejo de Ministros aprobará otra de las reivindicaciones más repetidas desde el ámbito empresarial que es la moratoria del plazo de presentación y abono de impuestos.
De esta forma, autónomos y empresas podrán retrasar hasta el 20 de mayo la presentación de los impuestos que había que registrar antes del 20 de abril (liquidación del IVA del primer trimestre, así como los pagos fraccionados del IRPF y el impuesto de sociedades).
Para colectivos vulnerables se han adoptado moratorias para hipotecas y créditos al consumo, ayudas para pagar el alquiler, ampliación del bono social eléctrico, prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz, gas) o subsidios extraordinarios y temporales para empleadas del hogar y trabajadores temporales sin derecho a paro, en tanto que sigue en fase de diseño el ingreso mínimo vital prometido por el Gobierno.