Madrid, 23 sep (.).- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha vuelto a insistir este jueves en que la medida aprobada por el Gobierno para minorar los beneficios de instalaciones nucleares, hidráulicas y renovables no emisoras de CO2 crea inseguridad jurídica y hace peligrar la estabilidad regulatoria en el sector.
En un comunicado, la patronal del sector eléctrico ha explicado que, pese al documento remitido esta misma semana por el Ejecutivo para aclarar qué instalaciones se verán afectadas por la nueva norma, la medida seguirá penalizando a determinadas plantas eólicas "sin una explicación justificada".
La medida aprobada por el Gobierno prevé obligar a las plantas nucleares, hidráulicas y determinadas renovables a devolver los beneficios extraordinarios que obtengan hasta marzo de 2022 debido a los altos precios del gas (un coste en el que no incurren), una cantidad que podría alcanzar los 2.600 millones.
Sin embargo, el pasado lunes aclaró que la nueva norma solo afectaría a los contratos bilaterales indexados al mercado mayorista eléctrico (pool), dejando fuera a las plantas con un contrato a precio fijo y firmado a plazo antes de que entrara en vigor la medida, siempre que el acuerdo no esté suscrito entre compañías del mismo grupo empresarial.
Fuentes de la asociación aseguran que la medida seguirá penalizando a un conjunto de plantas con contratos de compraventa de energía (PPAs) formalizados entre entidades del mismo grupo empresarial, una situación a la que no encuentran justificación en el texto de la nueva norma.
Por ello, seguirán existiendo situaciones en las que determinadas instalaciones eólicas tendrán que devolver cantidades económicas correspondientes a ganancias que no han percibido, provocando que su operación no sea económicamente viable.
Así, la AEE pide que estas situaciones se modifiquen legislativamente con los sectores afectados, evitando así que ningún parque eólico que no esté integrando la subida de los precios del gas en sus ingresos esté sujeto al nuevo mecanismo, independientemente del tipo de contrato que tengo suscrito.
Además, recuerda que la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son principios "imprescindibles" para que España cumpla con sus objetivos de integración de energías renovables para 2030.