Madrid, 7 abr (.).- Fuentes del sector eólico español consideran injusta y carente de base la posible imposición de aranceles en EEUU a empresas españolas por la venta de torres eólicas por debajo de un precio razonable ("dumping"), además de que algunas de las empresas denunciadas no fabrican torres y las que usan allí no proceden de España.
La investigación arrancó de una petición de derechos "antidumping" hecha en septiembre de 2020 por importaciones de torres eólicas de España que hizo Wind Tower Trade Coalition, según consta en el memorándum del informe preliminar de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU, del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
El 4 de diciembre de 2020, la Comisión determinó que había indicios razonables de que una rama de producción de los Estados Unidos sufre un daño material por importaciones de torres eólicas desde España.
Del 5 al 16 de diciembre de 2020, la Comisión recibió respuestas a los cuestionarios de preguntas y respuestas de varias empresas, entre ellas Vestas (CSE:VWS), pero no de Acciona (MC:ANA) Windpower (ST:ARISE), Siemens Gamesa (MC:SGREN), Haizea, Kuzar, Proyectos Integrales y Logísticos y Windar Renovables y, aunque ésta lo hizo posteriormente, ya estaba fuera de plazo.
Las empresas fueron seleccionadas, según señala el memorándum, por el volumen productor o exportador por valor de la mercancía.
En el caso de Vestas Eólica, ha sido la empresa que más volumen exportador ha tenido en tres años en Estados Unidos, aunque no fabrica torres eólicas para instalar sus aerogeneradores.
Vestas respondió a varios requerimientos de información durante la investigación, aunque el 28 de enero de 2021 notificó al Departamento de Estado de Comercio que no participaría en la investigación, según consta en el memorándum.
Las empresas afectadas por la investigación tienen ahora un mes para entregar información al Gobierno de EEUU, un plazo que, según fuentes del sector eólico español, es imposible para recabar información sobre el coste de producción de las torres, sobre todo en el caso de los que no las fabrican y que simplemente las importan como un componente más para sus proyectos en Estados Unidos.
Además, en algunos casos los proveedores alegan que no pueden asumir los costes de la investigación y pagar para ello a abogados externos.
Aunque las citadas fuentes consideran que la acusación que se les hace no tiene base y que es injusta, el escaso plazo que se les da (un mes) puede llevar a que algunas empresas no respondan.
El impacto comercial no es tan importante, aunque, según estas fuentes, puede sentar un precedente para acciones futuras y, además, el coste de representación legal que les supone es tremendo.
Señalan que esas denuncias de 'dumping' por parte de Wind Tower Trade Coalition, que comprende a Arcosa Wind Towers y Broadwind Towers, productores de torres en Estados Unidos, buscan que los exportadores de materiales eólicos a ese país incurran en gastos por las denuncias planteadas.
Añaden que en tres años hubo un volumen muy grande de negocio en el sector y la industria local de Estados Unidos no podía responder a la demanda interna, pero una parte pidió investigar esas prácticas de 'dumping' e imponer medidas por importaciones no sólo de España, sino también de India y Malasia.
La decisión de ponerles esos aranceles la consideran injusta, carente de base y además, puede ir en contra la competitividad del sector eólico y llevar a encarecer los costes de estas energías en el futuro en Estados Unidos.
Además, hay casos como el de Nordex (DE:NDXG), filial de aerogeneradores de Acciona, que no produce torres eólicas y que en todos sus parques en Estados Unidos no instala torres procedentes de España.
Tampoco Siemens Gamesa fabrica torres ni para sus proyectos en Estados Unidos ni trae torres de fuera.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que depende del Departamento de Estado de Comercio, en su informe preliminar ha determinado un margen de 'dumping' del 73 % y podría imponer aranceles por ese porcentaje a estas empresas de concluir, cuando tome su decisión definitiva, que las empresas denunciadas han vendido su productos por debajo del precio de mercado.
La investigación abarca las importaciones de torres realizadas a Estados Unidos entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.