Buenos Aires, 22 mar (EFE).- El Senado argentino emitió hoy un dictamen de comisión que habilitará el tratamiento en el recinto del proyecto oficialista para saldar la deuda con los acreedores que poseen bonos en cese de pagos desde 2001.
La iniciativa recibió hoy luz verde tras cinco jornadas de análisis en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones de la Cámara alta.
Los senadores del frente oficialista Cambiemos firmaron el dictamen, acompañados por un grupo de legisladores del kirchnerismo, del Frente Renovador (peronismo disidente) y del partido GEN (centroizquierda).
Según fuentes parlamentarias, el Senado votará el proyecto en la sesión del próximo miércoles 30 de marzo.
El proyecto oficialista ya tiene el aval de la Cámara de Diputados desde el pasado 16 de marzo, por lo que si los senadores también lo aprueban, quedará convertido en ley.
"De aprobarse el próximo 30 de marzo, ya estarían en condiciones las autoridades de Hacienda de iniciar el desenlace definitivo de la salida del default", dijo a la prensa el senador Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, que integra el frente Cambiemos.
Precisamente, el objetivo del Gobierno de Mauricio Macri es tener aprobada la ley antes de que finalice marzo, con la idea de salir a los mercados a principios de abril y cancelar la deuda antes del 14 de ese mes.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a pagar a los acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Entre ellos, están incluidos los fondos especulativos con los que el país suramericano mantiene un litigio en la Justicia de Nueva York desde hace más de una década, que cuentan con una sentencia de pago a su favor, y otros acreedores, como inversores individuales italianos, que no están alcanzados por ese proceso judicial.
Para eso, la iniciativa contiene también la derogación de leyes que dieron por cerrados los canjes de deuda de Argentina de 2005 y 2010.
Además, el proyecto prevé además otorgar un permiso al Gobierno para que emita deuda por hasta 12.000 millones de dólares en los mercados internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 15 años, a los fines de aplicar los recursos que se obtengan al pago a los acreedores.