Madrid, 6 oct (.).- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido redistribuir ciertas competencias en la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que acumula decenas de expedientes sin tramitar de empresas que dicen necesitar un rescate público para superar el efecto en sus negocios de la irrupción de la pandemia de la covid.
Así lo publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una resolución del Ministerio de Hacienda en la que se detalla que el consejo gestor del fondo decidió la semana pasada, más de un año después de su creación en julio de 2020, delegar determinadas competencias.
"El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada en la gestión del fondo aconsejan" este cambio, "a fin de que el propio consejo gestor pueda concentrar el tiempo disponible en las decisiones de mayor relevancia", delegando en los distintos órganos de la SEPI "buena parte de las decisiones de menor relevancia", explica el texto.
Hasta el momento la SEPI ha otorgado ayudas por valor de 1.347 millones de euros, lo que representa poco más del 13 % de la dotación del Fondo (10.000 millones), y ha atendido menos del 10 % de las cerca de 70 peticiones de rescate que ha recibido.
La última de ellas, la de la cadena hotelera Hotusa (241 millones), se aprobó ayer, martes, en el Consejo de Ministros. Previamente se habían autorizado las de Air Europa (475), Plus Ultra (53), Duro Felguera (MC:MDF) (120), Avoris (320), Tubos Reunidos (MC:TUR) (113) y Rugui Steel (25).
"El número de solicitudes de apoyo recibidas, su complejidad, así como el volumen de actos administrativos que en torno a las mismas es preciso adoptar aconsejan revisar el primer acuerdo de delegación de competencias", asegura la SEPI.
Así, será competencia de la presidenta de la SEPI el registro de todas las operaciones en una contabilidad específica, separada e independiente y la gestión recaudatoria en periodo voluntario de todos los créditos a favor del fondo derivados de las operaciones financiadas.
Se delega en el vicepresidente de la SEPI la celebración de otros contratos, encargos y convenios administrativos, al tiempo que la secretaría general y el consejo y dirección de asuntos jurídicos mantendrán las relaciones con los juzgados y tribunales, y todo lo relacionado con solicitudes de acceso a la información pública.
Para resolver las solicitudes de apoyo financiero público temporal el director del Fondo realizará las actuaciones previas al inicio del procedimiento y las de instrucción (registro, archivo, análisis, valoración, verificación de requisitos exigidos y solicitud de informes de expertos independientes).
El vicepresidente de la SEPI aprobará los actos que pongan fin al procedimiento por desistimiento o renuncia del solicitante, y la presidenta elevará al consejo gestor las propuestas de rescate elaboradas por el director del fondo, con el visto bueno del primero, una vez instruidos los expedientes.
La presidenta de la SEPI también autorizará las decisiones estratégicas de la empresa beneficiaria que hayan sido establecidas, así como las dispensas ('waivers') por incumplimientos de obligaciones asumidas.
Además, tomará las medidas necesarias para salvaguarda de los intereses del fondo en los casos en que la urgencia de la situación impida o haga excesivamente difícil la adopción de dicha decisión por el consejo gestor, "debiendo dar cuenta de las decisiones adoptadas a éste para su ratificación".