Madrid, 23 jul (.).- La última prórroga del 'decreto antidesahucios' expira el 9 de agosto próximo sin que el Gobierno haya cerrado si habrá otra prórroga o si aprobará un nuevo decreto para proteger de manera "estructural" a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, como anunció hace un mes el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos.
Según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la nueva ministra, Raquel Sánchez, "baraja varias opciones" y ya no es seguro que vaya a presentar el decreto anunciado por su predecesor en una comparecencia parlamentaria.
Ábalos dijo el pasado 23 de junio en la Comisión de Transportes del Congreso que el Gobierno no habilitaría más prórrogas del 'decreto antidesahucios', sino que aprobaría un nuevo decreto para proteger de manera "estructural" a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta que sacase adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda.
"Vamos a tratar de adelantar vía real decreto lo que tenemos previsto en la ley de vivienda, de tal modo que no sea una prórroga de una situación excepcional, sino que sea ya estructural", explicó entonces el ministro.
Su sucesora, sin embargo, sí contempla la posibilidad de una nueva prórroga, aunque no depende de su departamento que ésta se produzca, ya que el decreto incluye también otras cuestiones que no son de su competencia, como la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, que implica al Ministerio de Transición Ecológica.
La prórroga del también conocido como decreto del "escudo social" es la opción preferida por el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, porque incluye más medidas aparte de la suspensión de desahucios, explican a Efe desde este departamento.
Esta misma mañana Belarra ha asegurado en los cursos de verano de El Escorial que está encontrando "sintonía" en el seno del Gobierno para ampliar el escudo social hasta fin de año y que confía en que su propuesta pueda salir adelante.
A falta de dos consejos de ministros ordinarios para tomar una decisión, el movimiento de vivienda ha intensificado su presión esta semana y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentró el miércoles ante el Congreso para pedir la prórroga y evitar así 79.000 desalojos, según sus cálculos.
"Como no hagan algo la sangría va a ser tremenda", ha dicho a Efe Fernando Bardera, portavoz del Sindicatos de Inquilinos, que considera que si hay un nuevo decreto específico de desahucios debería mejorar lo dispuesto en el decreto del escudo social, es decir, que debería "evitar los protocolos para que no sea el inquilino el que tenga que pasar una 'gincana' y que (la suspensión del desahucio) sea automática y no dependa de la decisión de un juez".