Quito, 27 oct (.).- Los dirigentes de diferentes sindicatos y movimientos sociales del Ecuador calificaron como un "éxito" la jornada de protestas de este martes contra las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Guillermo Lasso y el alza a los combustibles.
"La convocatoria ha sido un éxito porque el pueblo ya no tiene miedo", dijo Wilson Álvarez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales, quien demandó el incumplimiento de las promesas de campaña del presidente.
En una rueda de prensa en Quito, anunciaron para la próxima semana una convención nacional para tomar decisiones, y promover una huelga nacional entre las medidas previstas de "movilización permanente".
A la calificación positiva de la protesta, Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sumó la denuncia de agresiones sufridas por algunos manifestantes de parte de la Policía y Fuerzas Armadas.
El paro nacional de este martes continuaba hoy con bloqueos de carreteras y algunos enfrentamientos, en este caso convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El principal objetivo de las protestas es el precio de los combustibles, que en los últimos meses se ha disparado y forzado al presidente Guillermo Lasso a poner freno al sistema instaurado en 2020 por su predecesor Lenín Moreno
La discrepancia en estos momentos gira en torno a la fecha de congelación de los precios, pues el Gobierno la fijó con el de septiembre pero los movimientos sociales exigen la de junio, antes de la gran subida.
Otra demanda que mencionaron es la promesa electoral del mandatario de elevar el salario mínimo de 400 a 500 dólares, aunque éste ya había advertido que lo haría de forma progresiva hasta 2025.
También abordaron en la reunión una supuesta privatización del sector energético a través del Decreto 238 impulsado por Lasso el martes, quien ha aclarado que no versa sobre eso el decreto.
Asimismo, los dirigentes sociales exigieron la liberación de los detenidos en las protestas de ayer, unos 37, y de "reparar" a "los violentados", en palabras de Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores.