Madrid, 22 jun (.).- Solo dos empresas cotizadas de las 67 que ha analizado la organización no gubernamental Transparencia Internacional España cumplen con las obligaciones marcadas por la Ley de Transparencia.
La entidad ha presentado hoy el primer estudio "Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España", que revisa a las 35 compañías del Ibex 35 y a otras 32 empresas cotizadas de sectores clave como el sanitario, el farmacéutico, el de construcción e infraestructuras o el energético.
Durante la presentación del estudio, la directora del Proyecto Integridad de Transparencia Internacional España, Ana Revuelta, no ha querido desvelar las empresas que cumplen con la ley y las que no, ya que, ha dicho, el objetivo no era "elaborar un ránking".
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga a las empresas que han recibido más de 100.000 euros en concepto de ayudas o subvenciones públicas a "publicar información de tipo institucional, organizativa y de planificación, así como información económica y presupuestaria".
También deben cumplir esta normativa aquellas empresas que hayan recibido ayudas o subvenciones públicas que supongan al menos el 40 % de los ingresos totales anuales de la entidad, siempre que alcancen la cantidad mínima de 5.000 euros.
En 2016, había 19 empresas que eran sujetos obligados a cumplir con la ley; y de ellas solo una empresa cumplió con la normativa y otra más, que no estaba obligada por no haber superado los 100.000 euros en ayudas o subvenciones recibidas en 2015, lo hizo de manera voluntaria.
En total, en 2016, un 28 % de las empresas analizadas eran sujetos obligados a cumplir con la normativa.
En 2017, un 37 % de las empresas analizadas en el informe son sujetos obligados a cumplir la Ley y solo dos la cumplen, a pesar de que están obligadas un total de 23.
Para el autor del informe, César Nicandro Cruz-Rubio, "la ausencia de un documento de desarrollo, provoca que haya tan pocas empresas que cumplan con la ley".
Entre los problemas que detecta el informe destaca el desconocimiento social y gubernamental sobre las obligaciones derivadas de la norma, la escasa relevancia percibida, los problemas asociados a la ausencia de desarrollo reglamentario, y la falta de una regulación que refleje la diversidad empresarial.
Transparencia Internacional España recomienda publicar el listado permanente de información de las empresas privadas obligadas por la Ley, así como avanzar en el desarrollo reglamentario de la misma, que las empresas se rijan por un principio de máxima transparencia y que se adopten las medidas establecidas por la normativa.