Por Geoffrey Smith
Investing.com -- El escándalo de la directiva de una de las empresas tecnológicas más populares de Europa ha dado un giro dramático a peor este jueves, pues la compañía de pagos alemana Wirecard (DE:WDIG) se ha visto obligada por tercera vez a retrasar la publicación de sus cuentas de 2019 bajo sospecha de fraude.
En un comunicado ante la Bolsa de Fráncfort, Wirecard ha dicho que sus auditores Ernst & Young no habían encontrado "pruebas de auditoría suficientes" para justificar los alrededor de 1.900 millones de euros en ingresos de este año, alrededor de una cuarta parte de los ingresos que la compañía iba a presentar.
Las acciones de Wirecard se desplomaron un 64% tras las noticias, lo que deja a la compañía sin poder cumplir con un plazo crucial. Los prestamistas podrán recurrir efectivamente a la totalidad de los 2.000 millones de euros de deuda del grupo si las cuentas no se publican para mañana.
"Hay indicios de que se habían proporcionado confirmaciones de saldo falsas desde el lado del fideicomisario respectivamente de la cuenta de los bancos que albergan la cuenta del fideicomisario al auditor con el fin de engañarle y crear una percepción errónea de la existencia de tales saldos de efectivo o la tenencia de las cuentas en beneficio de las empresas del grupo Wirecard", explica la compañía, añadiendo que está "trabajando intensamente junto con el auditor para aclarar la situación".
Según las últimas declaraciones trimestrales de Wirecard, la compañía tenía 3.800 millones de euros de efectivo e inversiones a corto plazo y una deuda a largo plazo de 1.700 millones.
Las acusaciones que han acompañado a Wirecard de una forma u otra durante gran parte de los últimos 10 años, se han convertido en una prueba de fuego para el estado de la gestión corporativa y la protección de los inversores en Alemania. Esta historia ha enfrentado en una lucha cada vez más intensa a una leal banda de inversores minoristas principalmente nacionales contra los vendedores en corto con sede mayormente en el Reino Unido. La semana pasada había ya posiciones cortas para unos 28 millones de acciones, más del 22% del total pendiente.
La compañía había disfrutado inicialmente del apoyo de la entidad financiera alemana, en particular del regulador Bafin. Bafin había simpatizado con las quejas de la compañía de que estaba siendo injustamente el objetivo de vendedores en corto manipuladores de precios, con la ayuda del Financial Times (este periódico siempre ha dicho que está de acuerdo con sus informes).
Pero las cosas parecían volverse en su contra a principios de este mes cuando una denuncia penal presentada por Bafin llevó a un registro policial de la sede de la compañía en las afueras de Múnich.
Dicha denuncia se refería a las declaraciones formuladas por la dirección de Wirecard antes de la publicación de una auditoría especial por parte de KPMG en abril. La directiva dio un giro agresivamente positivo y selectivo a un informe cuya principal conclusión era que ciertas ventas durante tres años habían sido imposibles de verificar.
Además de sus problemas legales en Alemania, la compañía ha sido demandada en Londres por inversores de una empresa adquirida por Wirecard en 2015, y se enfrenta a una otra investigación penal en Singapur.