Madrid, 21 jun (.).- Sumar ha planteado en el Congreso que se revisen los contratos públicos que tenga Vodafone (LON:VOD) España con diversas administraciones españolas, incluida la Administración General del Estado (AGE), después de que su nuevo propietario, el fondo británico Zegona (LON:ZEG), presentara un ERE para 1.198 trabajadores.
En una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno, la formación señala que este Expediente de Regulación de Empleo (ERE) supone "una gran preocupación social", teniendo en cuenta que unas 500 personas de más de 54 años de edad se pueden ver afectadas por dicho expediente y "más allá del empleo directo, hay 14.000 puestos de empleo indirectos en riesgo".
Además, agrega, en su escrito, que la plantilla actual de Vodafone está muy ajustada, tras haber sufrido diversos ERE los últimos años y apenas supone el 3 % de coste operativo de la compañía.
Sumar ha recordado que Vodafone es proveedor de servicios de telecomunicaciones para organismos españoles como CNMC, Enaire, CNI o AIREF, entre muchos otros, y también a nivel local (varias diputaciones y ayuntamientos) y autonómico (Generalitat de Cataluña).
Por ello, la formación quiere saber qué contratos y por qué cuantía tiene en la actualidad la empresas con la AGE y si ha recibido ayudas o subvenciones públicas en el marco de algunos instrumentos Next (LON:NXT) Generation de la Unión Europea (UE).
Asimismo, recuerda que la ley de contratos del sector público prevé que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, por lo que preguntan si los contratos con Vodafone disponen de dichas cláusulas y en concreto de cláusulas sociales.
También piden, considerando que el ERE anunciado por el nuevo propietario supondrá una reducción "drástica" de personal de la empresa, que el Gobierno informe sobre las medidas que prevé adoptar en caso de que la calidad del servicio de Vodafone con las entidades de la AGE se vea afectada.
Finalmente, Sumar pregunta al Ejecutivo si considera positiva la reducción del número de operadores en el mercado de las comunicaciones que ha venido aconteciendo los últimos años en España.