Panamá, 26 ago (EFE).- La Corte Suprema de Panamá suspendió el contrato por 90,5 millones de dólares para la compra de 19 radares que el Estado firmó en 2010 con una subsidiaria de la italiana Finmeccanica (MILAN:SIFI), informaron hoy fuentes judiciales.
La medida de suspensión "provisional" fue dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y guarda relación con la demanda de nulidad del contrato interpuesta en julio pasado por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, indicó este miércoles el organismo judicial.
En la demanda de nulidad se alega, entre otras cosas, que siete de los radares, que se usarían para el control de las costas en contra del narcotráfico, eran defectuosos y que el contrato se elaboró con una finalidad distinta a la que se establece en la ley, cometiéndose así varias irregularidades.
Para el Supremo panameño "hay motivos suficientes" para suspender el contrato con la empresa Selex de manera temporal pues "existen indicios de desviación de poder" en la firma del mismo que tuvo lugar durante la Administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El tribunal dejó claro "que la decisión provisional de suspender los efectos del acto demandado, en modo alguno, constituye un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo", que será emitido posteriormente.
El Supremo también precisó que no es su competencia intervenir en las funciones que el contrato atribuye a un posible arbitraje en caso de controversias entre las partes, sino que su papel es el de pronunciarse sobre la "nulidad o no del contrato, por ser contrario a la ley o no".
Panamá e Italia suscribieron en 2010 un acuerdo de seguridad que permitió la compra de 19 radares a la empresa Selex, seis helicópteros a la empresa Augusta y un mapa digital a la empresa Telespazio Argentina, por 250 millones de dólares.
Hasta el momento, Panamá ha adelantado pagos a Selex por 70,4 millones de euros (78 millones de dólares) y cedido 51,7 millones de euros (57 millones de dólares) a la banca internacional en concepto de financiación, según datos oficiales.
En junio pasado, el Gobierno de Juan Carlos Varela le exigió a Finmeccanica, el segundo grupo industrial más grande de Italia, que retirara los radares y devolviera el dinero depositado por ellos.