Barcelona, 7 feb (.).- Los trabajadores de la empresa cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona) han urgido este lunes a evitar el cierre de la fábrica, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la última autorización ambiental otorgada por la Generalitat en 2017.
Medio centenar de trabajadores han protestado este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Montcada i Reixac para "defender los puestos de trabajo" de los cerca de 300 empleados directos e indirectos que, según cálculos de la empresa y los sindicatos, se verían afectados por el eventual cierre de la planta.
En declaraciones a Efe, la presidenta del comité de empresa, Conchi Jiménez, se ha mostrado crítica con el gobierno municipal por respaldar el cierre de la planta.
"Un error administrativo no puede dejar sin trabajo a 300 personas", ha subrayado Jiménez, que ha señalado: "No hay ningún informe que acredite el impacto en la salud o el medioambiente. Somos los primeros interesados en que las cosas se hagan bien".
La sentencia del TSJC, ante la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, considera que la Generalitat renovó en 2017 la autorización ambiental a la cementera cuando no existía ninguna licencia vigente para que Lafarge operara en Montcada, puesto que las anteriores ya habían sido anuladas por los tribunales.
Por este motivo, el TSJC considera que, al ser firmes las sentencias que anularon las licencias previas, la Generalitat no las podía renovar, por lo que deberán quedar de nuevo sin efecto.
Con todo, fuentes del departamento de Acción Climática consultadas por Efe han coincidido en señalar que se produjo una "irregularidad administrativa" y han indicado que Lafarge presentó en noviembre de 2021 otra solicitud para obtener una nueva autorización ambiental.
Estos trámites tardan entre 8 y 12 meses en resolverse, han ahondado las mismas fuentes, que añaden que hasta que el Supremo no se pronuncie sobre la cuestión la fábrica permanecerá abierta.
Por tanto, se abre un impás para los trabajadores y la empresa, pendientes de si se resuelve antes el nuevo trámite administrativo iniciado ante la administración catalana o si el Supremo ratifica previamente la sentencia del TSJC.
Desde el consistorio, en declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha expresado su comprensión por la "preocupación" de los trabajadores y ha instado a la empresa y al Govern a garantizarles un futuro laboral, haciendo hincapié en que el ejecutivo catalán es "el último responsable de esta inseguridad jurídica".
"En plena crisis climática en la que estamos inmersos, todos debemos sentirnos interpelados. Creemos que ya no tiene sentido que en pleno siglo XXI haya una actividad industrial como una cementera a 120 metros de un núcleo urbano y de una escuela. Derechos laborales y al trabajo, pero compatibles con el derecho a la salud y al medioambiente", ha sostenido.
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