Cádiz, 18 nov (.).- Los 20.000 trabajadores del metal de Cádiz han vuelto este jueves a tomar calles, plazas, puentes y nudos industriales de la provincia en su tercera jornada de huelga indefinida para reclamar que sus salarios se actualicen según el IPC.
Los incidentes han vuelto a las calles de Cádiz, Puerto Real o El Puerto de Santa María poco después de las 5:00 horas, cuando empezaba a trascender que sus representantes sindicales y la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) no habían alcanzado un acuerdo y que las negociaciones habían vuelto a romperse tras la reunión de más de 12 horas en Sevilla.
Las partes, que se han acusado mutuamente de no mover sus posiciones y propuestas para llegar a un acuerdo, vuelven a reunirse a las 18.00 horas en la sede del órgano de diálogo social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en una nueva oportunidad de dar fin al conflicto.
Mientras, el grito de "ni un paso atrás en la lucha del metal" ha vuelto a retumbar en distintos puntos de la provincia gaditana.
Desde primeras horas de la mañana las Unidades Antidisturbios de la Policía han actuado para afrontar incidentes, como el corte del Puente de Carranza, que ha sido desalojado, o para evitar que se cortara el Puente de la Constitución de 1812.
En Puerto Real se han producido también diversos incidentes, así como frente a la sede de Alestis, en los que los antidisturbios han intervenido.
Desde las 10:00 horas varios centenares de trabajadores se han concentrado en la capital gaditana para dirigirse a la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz y han cortado el tráfico en las avenidas de Andalucía y de Astilleros, entre otros puntos, para seguir después un recorrido por la ciudad.
Cuando pasaban por las cercanías del Ayuntamiento, el alcalde, José María González, Kichi, ha salido a su encuentro para mostrarles su apoyo.
"Hemos tenido que prenderle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros", les ha dicho el alcalde altavoz en mano, para después señalar que violencia es las "décadas y décadas de precariedad" que sufren los trabajadores del metal.
Los representantes sindicales han responsabilizado a los empresarios de lo que ocurra en las calles de Cádiz si mantienen su actitud "intransigente", ha dicho el secretario provincial de Industria de CCOO, Juan Linares.
Los sindicatos aseguran que siguen pidiendo que sus salarios (de unos 20.000 euros brutos de media) suban este año "lo mismo que el IPC", que calculan entre un 4 y un 5 %. La última oferta de los empresarios, han contado, es subirlos un 1,6 este año y un 2,1 en 2022 y en 2023, algo superior a la última que habían puesto encima de la mesa.
"Únicamente estamos pidiendo el IPC, que a los trabajadores les cueste lo mismo que a cualquier ciudadano el llevar a su hijos al colegio, el echar gasolina, el vivir", ha afirmado Antonio Montoro, secretario provincial de Industria de UGT, que ha resaltado que el 75 % de los trabajadores del sector del metal a los que afecta este convenio es eventual.
"Con los días que llevamos de huelga, ya se podían haber pagado dos años de subida del IPC de todos los trabajadores del metal de Cádiz", pero "les da igual, ellos miran su propio beneficio, siempre a costa del salario de los trabajadores y eso es lo que queremos cambiar", ha afirmado.
José Muñoz, secretario general de la FEMCA, ha reiterado que las demandas salariales de los sindicatos son "inasumibles" para las empresas del sector, ya que "supondría la quiebra para la mayoría de ellas".
Muñoz ha recordado que los empresarios han renunciado a las propuestas que habían planteado al inicio de las negociaciones, como el aumento de jornada anual o la reducción de pagas extra y de la fórmula de cálculo de horas extra.
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha pedido hoy a la patronal que "abandone la cerrazón" y se abra a las propuestas presentadas por los trabajadores para desbloquear el conflicto.
El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha avisado del daño que la imagen que se está trasladando con la huelga del metal de Cádiz puede causar y ha apuntado que algunos inversores han trasladado a la Junta que no quieren instalarse en Cádiz "por la conflictividad laboral".
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