MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional decidió el viernes extender la responsabilidad penal a la auditora Deloitte dentro del caso que investiga las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia (MC:BKIA) hace cinco años, revocando la decisión de un juez de archivar el caso contra la auditora que bendijo las cuentas de la entidad financiera.
Deloitte fue exonerada inicialmente por el juez instructor, Fernando Andreu, al considerar que el socio auditor, Francisco Celma, tenía cierta autonomía profesional frente a la firma, manteniendo únicamente la responsabilidad civil para la auditora.
"La Sala no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la Consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte", dijo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto para resolver varios recursos sobre el caso.
Un responsable de Deloitte dijo que la empresa está estudiando el auto y rechazó hacer más comentarios.
Bankia fue nacionalizada apenas un año después de su salida a bolsa con unas ayudas públicas totales de 22.424 millones de euros, en uno de los grandes escándalos judiciales que han sacudido la vida política y económica del país.
La investigación, cerrada en mayo por el juez de instrucción, terminó con la propuesta de sentar en el banquillo al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a otras 31 personas que formaban parte de la cúpula de la entidad entre 2010 y 2011.
La Sala confirmó la decisión del instructor de exonerar a los entonces máximos dirigentes del regulador bursátil CNMV, Julio Segura, y del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entre otros altos cargos de estas entidades, por su papel supervisor en el caso, rechazando así un recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Sin embargo, una de las magistradas de la Sala emitió un voto particular defendiendo que se continuara el proceso contra los responsables del Banco de España y la CNMV.
La investigación ha determinado que las cuentas anuales de Bankia en 2011 no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad y que los consejeros investigados "maquillaron" la información del folleto de salida a bolsa de la entidad, atribuyéndoles los supuestos delitos de falsedad documental y fraude a inversores, según el auto del juez.