Berlín, 4 ene (.).- La coalición de Gobierno alemán de socialdemócratas, verdes y liberales ha llegado a un acuerdo para anular algunos de los polémicos recortes que se negociaron después de que un fallo del Tribunal Constitucional dejara en los presupuestos de 2024 un agujero de 17.000 millones de euros.
En concreto, el Ejecutivo ha abandonado la idea de eliminar los subsidios a los impuestos sobre los vehículos agrícolas, mientras que la eliminación del subsidio al conocido como "diésel agrícola" no se realizará de una sola vez, informó la Cancillería en un comunicado.
Esta subvención se reducirá este año en un 40 % y otro 30 % el año que viene, hasta desaparecer por completo en 2026.
Además, las ayudas para los fabricantes de envoltorios de plástico, que implican la financiación a través de las arcas públicas para cubrir un gravamen europeo, se mantendrán un año más, hasta el 1 de enero de 2025, para poder alcanzar hasta entonces una solución "eficiente y poco burocrática".
Por otro lado, para cubrir las necesidades de modernización de los ferrocarriles de la Deutsche Bahn se realizarán inversiones de capital de hasta 20.000 millones de euros hasta 2029.
Estos cambios implican renunciar a recortes por valor de 2.500 millones de euros.
No obstante, según la Cancillería es posible cubrir este vacío gracias a una utilización más amplia de ingresos obtenidos a través de la energía eólica, tal y como hace posible una nueva ley, así como a través de nuevos "márgenes surgidos de los datos actualizados de la economía y los presupuestos".
El comunicado destacó que, si todo va según lo previsto, la cámara baja del Parlamento podría aprobar la nueva versión de los presupuestos a finales de enero, mientras que la cámara territorial podría hacerlo a principios de febrero.
Los recortes de los subsidios agrarios, anunciados a mediados del mes pasado, fueron recibidos con indignación con el sector, que ha protagonizado diversas movilizaciones y ha convocado una jornada de protesta generalizada el próximo lunes 8 de enero.
En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional sentenció que el traspaso de 60.000 millones de fondos vinculados a la pandemia a un presupuesto extraordinario para la transformación energética fue inconstitucional.
Esto obligó al Gobierno a proponer un presupuesto complementario para tapar los descubiertos que quedaron en 2023 y a congelar varios de dichos fondos extraordinarios, provocando un agujero de al menos 17.000 millones de euros para 2024 que desencadenó, a su vez, en la crisis más grave hasta la fecha para la coalición dirigida por Olaf Scholz.
Tras intensas negociaciones, los tres socios llegaron el 13 de diciembre a un compromiso para recortar los presupuestos de este año sin infringir en principio el freno de la deuda, el mecanismo que limita el endeudamiento al 0,35 % del producto interior bruto (PIB).
No obstante, el descontento en las tres formaciones con el acuerdo alcanzado sigue patente y los socialdemócratas de Scholz están insistiendo ya esta primera semana del año en la necesidad de dejar fuera de vigor el freno de la deuda a raíz de las inundaciones que está sufriendo parte del país.