Santander (BME:SAN), 12 ene (.).- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado la sanción de 37,2 millones de euros que el Gobierno regional impuso a Sniace (BME:SNCE) en 2022 por no entregar derechos de emisión dos años antes.
La Sala de lo Contencioso ha estimado parcialmente el recurso presentado por Sniace contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria que en julio de 2022 le impuso esa sanción de 37,2 millones de euros por no entregar 343.482 derechos de emisión en 2020, y acordó la entrega de los mismos, que son los equivalentes a las emisiones que realizó en 2019.
En una sentencia recientemente notificada, la Sala ha decidido anular la sanción, si bien mantiene la decisión de la administración de ordenar a Sniace, fábrica papelera de Torrelavega (Cantabria) cerrada desde hace tres años, la entrega de los esos derechos.
En su recurso, Sniace ponía de manifiesto que antes del 30 de abril de 2020 tenía obligación de entregar un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas en 2019, pero en marzo de ese año la autoridad judicial acordó la liquidación de la empresa, al no poder cumplir el convenio de acreedores de 2015.
A partir de entonces se suspendieron las facultades de administración y disposición de la empresa y ésta "no tuvo capacidad para poder cometer una infracción", argumentaba en su recurso.
Ya no hay poder de administración
Para la Sala, la conducta imputable es la no entrega de los derechos de emisión antes del día 30 de abril, cuando el 6 de mazo ya está en liquidación, "lo que comporta que los órganos sociales ya no tienen poder de la administración, sino que son los administradores concursales, que actúan sometidos a la ley concursal".
La sentencia explica que, de acuerdo a la legislación mercantil, "sólo se podrá proceder al pago de los créditos contra la masa (entre los que se encuentra la entrega anual de derechos de emisión) conforme al orden establecido".
Además, consta un burofax remitido a la Oficina Española de Cambio Climático informando de que, en aplicación de la Ley Concursal, "no se podría realizar la entrega de derechos de emisión correspondiente al ejercicio 2019 en la fecha prevista".
En definitiva, "no parece, por tanto, que a Sniace se le pueda hacer reproche", ya que "los órganos sociales no podían tomar decisiones a la fecha en que se consuma la infracción", y los administradores concursales "debían actuar conforme a la Ley Concursal" y "no se les podía exigir saltarse el orden de prelación del pago de las deudas".