Túnez, 10 mar (.).- La ministra tunecina de Industria, Minas y Energía, Neila Nouira Konji, anunció la creación de una comisión de control para supervisar el consumo de combustible y energía en todas las administraciones públicas tras la escalada del precio del barril de petróleo Brent, informó este jueves la prensa local.
En declaraciones a la radio local Mosaïque FM, la responsable reveló haber enviado varias circulares a los diferentes establecimientos públicos para recordar la necesidad de racionalizar el gasto, principalmente de los vehículos oficiales del Estado.
A la difícil situación financiera a la que se enfrentan las arcas tunecinas, se suma la subida del carburante, que días antes rozó los 140 dólares el barril- máximos no vistos desde 2008- mientras que los presupuestos generales del Estado para este ejercicio están calculados en base un precio anual promedio de 75 dólares, explicó Konji.
El Ejecutivo retomó a principios de año las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de cerrar un nuevo crédito- el cuarto de la última década- antes del mes de abril con el fin de suplir el déficit público y afrontar una deuda exterior que alcanza el 100% de su PIB.
Según la central sindical UGTT, el proyecto de reformas presentado por el gobierno contempla la rebaja de un 10 % del sueldo de los funcionarios, su congelación salarial durante el próximo lustro, la privatización de empresas públicas y la retirada de las subvenciones a los productos de primera necesidad.
Sin embargo, el organismo financiero exige que dicho plan sea aprobado por consenso entre los diferentes actores sociales -sindicatos, patronal y sociedad civil- para que sea efectivo a largo plazo.
Las perspectivas empeoraron el pasado mes de octubre después de que la agencia de calificación Moody ́s degradase su nota de "B3" a "Caa1", catalogada como "riesgo muy elevado".
Desde que el pasado 25 de julio el presidente de la República, Kais Said, decretase el Estado de Excepción- que incluyó el cese del primer ministro, la suspensión de la Asamblea y de la casi totalidad de la Constitución-, se ha hecho con plenos poderes para "recuperar la paz social".
Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras que otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011, que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
Como consecuencia, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó al dirigente a regresar a la vía democrática a riesgo de paralizar el desembolso de los 300 millones de euros previstos en el Programa de Asistencia Macrofinanciera (AMF) de la UE.