Madrid, 26 abr (.).- UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra las compañías Amazon (NASDAQ:AMZN), Glovo y Uber (NYSE:UBER) Eats por externalizar a sus repartidores a través de empresas "pantalla" para aplicar "convenios más baratos".
El sindicato ha informado este lunes de que las plataformas han optado por esta vía después de que el Gobierno consensuara con la patronal y los representantes de los trabajadores la llamada "ley rider", que pretende obligar a contratar como asalariados a estos profesionales y prohibir que sigan siendo autónomos.
"Desde la finalización de la negociación de la 'ley rider', el 10 de marzo, las plataformas iniciaron un plan para convertir a algunos de sus trabajadores en repartidores. Una decisión que podría parecer positiva si no fuera porque lo han convertido en un nuevo fraude", ha criticado UGT en un comunicado.
El sindicato cuestiona que las plataformas digitales subcontraten a través de terceras empresas a los repartidores y utilicen el convenio laboral de mensajería, por considerar que la actividad de estas compañías "no es la entrega de sobres o de comunicaciones".
Han apuntado que se trata del "convenio más barato" y asegura que su eficacia es "limitada" al haber sido firmado únicamente por el sindicato USO "sin tener mayoría en la parte social", por lo que según su interpretación solo es aplicable "a sus afiliados o a las personas que se adhieran".
Los responsables de UGT han incidido en que a los repartidores les corresponde el salario fijado "en los convenios provinciales de transporte de mercancías por carretera".
En su denuncia, acusan a Amazon, Glovo y Uber Eats de optar por una "subcontratación abusiva con el convenio más barato para seguir teniendo un margen empresarial que les permita la competencia desleal con las empresas que cumplen los convenios colectivos".
"La estrategia de las plataformas es sustituir un fraude con otro fraude", ha lamentado UGT, que ha exigido al Gobierno que publique "de forma urgente" la "ley rider" pactada en marzo para que la Administración pueda "vigilar de cerca la forma en que estas empresas realizan la transformación contractual".