Lisboa, 19 jul (.).- Una investigación por fraude y corrupción sacude a la multinacional de telecomunicaciones Altice (AS:ATCA) en Portugal, donde su cofundador Armando Pereira fue detenido tras casi un centenar de registros y el grupo anunció este miércoles la suspensión de gestores, representantes legales y otros trabajadores.
La "Operación Picoas", como fue bautizada por la Policía portuguesa, destapó la semana pasada un supuesto esquema lesivo tanto para el Estado como para la propia empresa, que opera en el mercado luso desde que compró la antigua Portugal Telecom en 2015.
En el centro de la investigación está el empresario portugués Armando Pereira, quien en 2001, tras décadas emigrado en Francia, fundó el grupo Altice junto al multimillonario Patrick Drahi.
Pereira habría utilizado la empresa en Portugal para llevar a cabo negocios en su propio beneficio, como ventas inmobiliarias, con daños para el grupo y para el Estado luso estimadas en centenares de millones de euros.
El Ministerio Público portugués informó de que hay indicios de que se adulteró el "proceso decisorio en sede de contratación" en el grupo Altice, con delitos de corrupción privada, tanto activa como pasiva.
También se investiga la domiciliación fiscal ficticia de personas y empresas en la Zona Franca de Madeira para aprovechar la tasa reducida del impuesto de sociedades, que constituirían delitos de fraude fiscal que superan los 100 millones de euros.
CASI 100 REGISTROS
Las autoridades realizaron cerca de un centenar de registros, incluidos en la sede de Altice Portugal y en una finca de Pereira en Vieira do Minho, en el norte del país.
Se incautaron documentos considerados "relevantes" y objetos "representativos del resultado" de los delitos, como vehículos de lujo y modelos exclusivos con un valor estimado de cerca de 20 millones de euros.
Pereira está detenido desde el pasado jueves a la espera de ser interrogado por el juez y sobre él recaen sospechas de once delitos de corrupción activa y pasiva, blanqueo y falsificación, según confirmó este miércoles su abogado, Manuel Magalhães, en declaraciones a periodistas.
También está detenido, después de entregarse a la policía, el empresario luso Hernâni Vaz Antunes, considerado el "brazo derecho" de Pereira en todo este entramado, que cuenta además con otros dos sospechosos.
El Ministerio Público y la Autoridad Tributaria sospechan que Antunes facturó 660 millones de euros entre 2017 y 2022, según medios locales.
ALTICE, EN EL PUNTO DE MIRA
El caso ha puesto en el punto de mira la imagen del grupo Altice, con sede en Países Bajos que opera en varios países, como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Estados Unidos e Israel.
Altice International divulgó este miércoles un comunicado en el que aseguró que "trabaja activamente para proteger los intereses del grupo" y ha puesto en marcha medidas como la suspensión de gestores, representantes legales y otros trabajadores "clave" en Portugal y en el extranjero mientras se lleva a cabo la investigación.
También ha puesto en marcha una investigación interna en Portugal y otras jurisdicciones y va a revisar y reforzar, con efecto inmediato, el proceso de aprobación de todas las adquisiciones, pagos, órdenes de compra y otros elementos tanto a nivel internacional.