MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional ha autorizado la venta del grupo de clínicas dentales Vitaldent, cuyo fundador está siendo investigado por supuestos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, a JB Capital Markets, sociedad presidida por Javier Botín.
JB Capital Markets ha propuesto adquirir la totalidad de los activos de Vitaldent, asumirá la deuda y los pasivos excepto los cargos derivados de responsabilidades penales y civiles, y se hará cargo de todos los trabajadores y las relaciones contractuales, incluidas las franquicias de la cadena de clínicas, según un auto de la Audiencia Nacional difundido el viernes.
La operación, que valora Vitaldent en 350 millones de euros, según un comunicado de la propia compañía, incluye la inyección de 40 millones de euros por parte de los nuevos accionistas además de los 18,5 millones de euros que pagará en un primer momento.
La compraventa se cerrará en los próximos días, dijo Vitaldent, pero antes el juez ha solicitado que se proceda "a la comprobación y exacta determinación del importe de la deuda pendiente, con aportación del listado exhaustivo de las sociedades afectadas por el plan de saneamiento".
Tras la operación, Javier Botín controlará el 70 por ciento de Vitaldent, la empresa de gestión de activos Intermediate Capital Group (ICG) un 25 por ciento - que además es acreedor de Vitaldent y le ha condonado parte de la deuda, según el auto- y el resto estará en manos de otros accionistas.
El dueño de Vitaldent, el uruguayo Ernesto Colman, y a una docena de directivos fueron detenidos en febrero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en un entramado de sociedades que supuestamente le permitía llevar una contabilidad B de las clínicas.
Desde entonces Vitaldent, que cuenta con 450 clínicas dentales, 341 en España y 109 en Italia con más de 7.000 trabajadores, propios y franquiciados, ha estado gestionada por un administrador judicial.
El juez ha autorizado la operación tras pronunciarse a favor "la práctica unanimidad de los afectados", el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, al determinar que debe primar la conservación del negocio a otras alternativas, como un concurso de acreedores.
"La viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo, (...) sin coste para las arcas públicas, gracias a la propuesta de inversión privada, al préstamo que desaparece con la venta, a las condonación y quita que de otra forma no se daría", dijo Eloy Velasco en su auto.
El juez destacó que de este modo la investigación penal se puede centrar "en posibles graves delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal".