San Juan, 3 nov (.).- El juez federal Francisco Besosa denegó la petición de los acreedores de las corporaciones del Gobierno de Puerto Rico que exigían que quedara sin valor la suspensión de los litigios en los tribunales por el impago de la deuda que establece la Ley Promesa.
El despacho del magistrado informó hoy a Efe de que Besosa dictó la pasada noche un memorando y orden en el que se deniega la petición de los acreedores, con lo que el Gobierno podrá ahora centrarse en la reestructuración de una deuda de más de 60.000 millones de dólares a través de la negociación voluntaria y atender las necesidades de la población.
El Congreso federal aprobó el pasado mes de junio la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica o Promesa, que establece el camino para la reestructuración de la deuda y que "congela" temporalmente las posibles demandas judiciales contra el Gobierno de Puerto Rico por los impagos de sus corporaciones a los acreedores.
El objetivo de esa iniciativa de Washington es que el Ejecutivo local tenga margen de maniobra para continuar su actividad y brindar los servicios públicos esenciales a la ciudadanía, lo que el Gobierno local adujo sería imposible si tuviera que atender a la vez el pago de los vencimientos de deuda de las corporaciones estatales.
Los acreedores pretendían que el Gobierno cumpliera con todos los vencimientos de deuda, algo que no pudo hacer, ante lo que éstos respondieron con demandas judiciales que Promesa "congeló", a lo que trataron de poner fin con peticiones ante la Justicia federal, que en Puerto Rico convive con la ley local.
El magistrado Besosa advierte en su fallo al Gobierno de que no abuse o desperdicie lo que representa su decisión y que se mueva a renegociar la deuda pública en un proceso voluntario con los acreedores.
Besosa puso así fin a las peticiones de los fondos de inversión con deuda de las corporaciones de Puerto Rico Peaje Investments, Assured Guaranty y Altair Global Credit Opportunities Fund, entre otros, que exigían el fin a la suspensión de litigios con que cuenta el Gobierno de Puerto Rico desde que en junio pasado se aprobara Promesa.
Los demandantes justificaron su exigencia de poner fin a la "congelación" de los litigios que recoge Promesa al apuntar que el Gobierno de la isla retuvo ingresos dirigidos al pago de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por medio de mecanismos como la Ley de Moratoria local.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, señaló en un comunicado tras conocer la decisión del juez Besosa que se sentía muy complacido de que el Tribunal federal haya validado la posición del Ejecutivo para mantener los servicios públicos a la población.
EFEUSA