Oporto (Portugal), 8 may (.).- Una veintena de socios de la Unión Europea, entre ellos España, rechaza la intención del Parlamento Europeo de que los estados miembros se hagan cargo del coste de las PCR que tendrían que realizarse las personas que viajan a otro país y que quedarían reflejadas en el certificado verde digital.
La necesidad de poner en marcha este certificado, que facilitará la movilidad conforme se vayan levantando las restricciones por la pandemia de coronavirus, fue un asunto que se debatió en la cumbre de la UE de Oporto.
Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordó la iniciativa en la reunión que mantuvo este sábado con su homólogo de la Eurocámara, David Sassoli, al margen de la cumbre.
En esa reunión, Sánchez resaltó la necesidad de que con urgencia esté en vigor este certificado, esencial para países receptores de turismo como España, ya que eso contribuirá a la recuperación económica.
La previsión es que en junio pueda estar ya operativo este documento.
Sin embargo, fuentes españolas citaron entre los obstáculos para su aprobación la intención del Parlamento Europeo de que las PCR que sea necesario que incluyan esos certificados para personas que aún no estén vacunadas, sean gratis y su coste lo asuman los estados miembros.
Unos veinte países, incluido España, considera que esa pretensión genera muchos problemas porque la mayoría no tiene capacidad técnica, logística y económica para asumirlo.
Aunque según las fuentes citadas se entiende la aspiración del Parlamento Europeo, estiman necesario que se rebaje esa expectativa.
Opinan que quizás sea posible más adelante, cuando la vacunación haya avanzado de forma decidida y el número de PCR que se tenga que realizar sea mucho menor, pero no ahora.
Si no hubiera un acuerdo al respecto, las diferencias podrían retrasar la puesta en marcha del certificado verde digital, pero España tiene el convencimiento de que eso no va a ocurrir, habrá un consenso final y en junio ya estará operativo.
Una solución podría ser que, por ahora, quedara a criterio de los países de la UE asumir o no el coste de las PCR.