Burgos, 23 jul (.).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado este viernes que aplicar el modelo fiscal de Madrid en el resto de España "no es propio de un país serio" y ha destacado la necesidad de que el Gobierno acometa una "reforma fiscal seria" que acerque al país al resto de Europa porque ahora mismo está siete puntos por debajo.
En una rueda de prensa para presentar los actos de conmemoración de la creación en Burgos de CCOO Castilla y León en 1976, Sordo se ha mostrado convencido de que si no se acomete esa reforma que aumente la recaudación vendrán "más recortes" y eso “no es tolerable, sobre todo en servicios sociales y públicos”.
Por eso, ha pedido al Gobierno que no caiga en la tentación de aprovechar la llegada extraordinaria de fondos europeos para retrasar la reforma fiscal.
Para el secretario general de Comisiones Obreras, un país serio no puede pretender prorrogar los ERTE, las ayudas directas a empresas, la mejora de infraestructuras y la reducción del déficit público y no aumentar la deuda, además de recibir miles de millones de euros en fondos europeos, mientras la presión fiscal se mantiene muy por debajo de la media europea.
Se ha referido también a la “necesidad” de derogar la reforma laboral de 2012 y ha estimado que esa tarea se tendría que iniciar “a la vuelta de agosto”.
Ha advertido de que es la única manera de que se reduzca la inestabilidad del empleo en España, líder en Europa en inestabilidad laboral, y ha pedido que no se condicione la nueva reforma laboral a un acuerdo con la CEOE porque eso supone “dejarles derecho a veto”, por lo que no habrá acuerdo.
En su opinión, la nueva reforma laboral debe estabilizar el empleo y dejar el despido como último recurso a cambio de una mayor flexibilidad, como la que asegura que se está aplicando en empresas del sector de la automoción que están teniendo dificultades para mantener su actividad por el retraso en la llegada de elementos tecnológicos necesarios para la fabricación.
Por otra parte, Sordo ha pedido que el Gobierno aclare si piensa cumplir su compromiso de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60 % del salario medio antes de que acabe esta legislatura y ha pedido que las subidas empiecen ya, porque “no es de recibo la congelación con una subida del IPC y del PIB con la disculpa de que el SMI contribuye a destruir empleo, porque eso no es verdad”.
En cuanto a la tramitación del proyecto de ley de función pública, que pretende reducir la estabilidad y aumentar el personal, ha pedido que se garantice la seguridad jurídica del acuerdo, para que no sea solo “un ejercicio literario más que real”.
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