Lérida, 2 dic (.).- Unió de Pagesos (UP) ha denunciado este jueves que la reforma de la ley de la cadena alimentaria “incumple” el derecho europeo y mantiene la “inseguridad jurídica” en los precios de los contratos agroalimentarios.
Según ha informado el sindicato agrario, la ley deja fuera de su ámbito de aplicación a segmentos de la hostelería, de la restauración y servicios de alojamiento, cooperativismo y demás entidades asociativas agrarias.
Denuncia que tampoco considera los contratos mercantiles de depósito ni los contratos de un valor inferior a 1.000 euros, al no prever la publicación de todos los procedimientos sancionadores, ni de las sanciones leves impuestas y permitir que los contratos a partir del 1 de noviembre de este año y hasta la entrada en vigor de la modificación, puedan pervivir sin ajustarse a la Directiva (UE) el 30 de abril de 2022.
En este sentido, UP lamenta que los “discursos de los grupos parlamentarios de mayor representación en el Congresos y en el Senado vayan en un sentido, y los trabajadores parlamentarios no se correspondan, ya que se ha mantenido la inseguridad jurídica introducida por el Gobierno a través de un real decreto”.
De hecho, añade, a través de este real decreto se adoptan determinadas medidas “urgentes” en materia de agricultura y alimentación y en materia de los precios a percibir por los productores en los contratos agroalimentarios, por lo que “desgraciadamente esto comportará que siga sin resolverse el problema de los precios en origen”.
Que no se haya aprovechado la oportunidad para regular la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria, y que no se haya establecido la cuota específica de posición de dominio para poder aplicar el régimen sancionador de defensa de la competencia a los abusos de las grandes empresas de la distribución comercial y de la agroindustria son otras de las quejas del sindicato agrario.
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