San Juan, 3 feb (EFE).- Los puertorriqueños empiezan a asumir hoy que pronto un grupo de expertos externos tomará el control macroeconómico de la isla, una imposición de Washington para ayudar a Puerto Rico a salir del agujero fiscal en el que ha caído que sin embargo levanta suspicacias por la cesión de poder que supone.
"Reitero que Puerto Rico necesita una junta de 'supervisión' fiscal y no de 'control' fiscal", defendió hoy el presidente del Senado local, Eduardo Bhatia, en relación con el temor de que las ramas administrativa y legislativa se vean supeditadas a las directrices de gente ajena a la isla.
En ese sentido, dijo que "la democracia puertorriqueña ha dado la facultad y el deber a la Legislatura de Puerto Rico de tomar las decisiones para corregir sus propios problemas".
"Estamos listos y dispuestos a explicarle a cada uno de los miembros del Congreso las acciones agresivas que ha tomado este Gobierno para atender la severa crisis que experimenta Puerto Rico", apuntó en declaraciones escritas.
Tras la vista que tuvo lugar el martes en la Cámara federal de Representantes sobre la situación de Puerto Rico, pocos son los que dudan de que a lo largo de este año la junta de control fiscal externa tomará las riendas de la isla.
"La vista fortaleció aún más el consenso en torno a la creación de una junta como parte fundamental en el proceso de reestructuración de las finanzas y de la deuda de Puerto Rico", dijo hoy el reconocido economista puertorriqueño Gustavo Vélez.
En esa vista quedó en evidencia la opinión de los legisladores federales de que los problemas financieros de Puerto Rico, en crisis desde hace una década y sin liquidez para cumplir con sus compromisos del pasivo y servicios públicos, no se solucionarán únicamente con una reestructuración de la deuda, que ronda los 72.000 millones de dólares.
Al respecto, el presidente de la Cámara local de Representantes, Jaime Perelló, defendió en un escrito que "la aprobación de una junta de control fiscal federal no resolvería nuestro problema inmediato" y que "urge una acción de Congreso" que "contemple medidas de desarrollo económico".
En el fondo del debate aparece la cuestión del estatus político de Puerto Rico, que al ser un Estado Libre Asociado a EE.UU. carece de autonomía respecto a Washington en cuestiones macro, lo que da potestad a este para imponer, por ejemplo, la creación de la citada junta.
"Proponer una entidad federal que tenga el poder ilimitado de aprobar o modificar el presupuesto pudiera implicar la reducción de nómina y servicios, afectar convenios colectivos y hasta eliminar agencias de Gobierno", advirtió hoy el exsecretario general del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg Toro.
Por su parte, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Juan Hernández Mayoral, añadió que "necesitamos atender la crisis fiscal mediante políticas constructivas en pro del pueblo y no en miras a proteger los intereses de Wall Street".
El Gobierno de Puerto Rico lleva meses pidiendo a Washington que le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras, para poder declararse en bancarrota y reestructurar su deuda, como hizo en su día Detroit.
El particular estatus de la isla permite además un trato desigual en comparación con otros estados en cuanto al reparto de fondos federales, algo que también fue recordado hoy con la intención de que se presione al Congreso para que corrija este problema, particularmente llamativo en el ámbito de la financiación de la sanidad pública.
"Sin la intervención del Congreso, se van a seguir recortando miles de millones del sistema sanitario de la isla. Estos recortes llevarán la ya de por sí frágil situación a una profunda crisis humanitaria", dijo Dennis Rivera, presidenta de la Colación para la Crisis Sanitaria de Puerto Rico.