Caracas, 1 feb (.).- El Gobierno, empresarios y sindicatos de Venezuela iniciaron este jueves la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social en Caracas, donde se reunirán hasta el viernes con el objetivo de establecer, junto con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un método para fijar el salario mínimo.
El ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, informó a través de X del encuentro, que tiene por objetivo -aclaró- conseguir métodos acordes a la realidad venezolana, junto con otros actores del sector laboral.
Entre los participantes, estuvieron directivos de Fedecámaras, la principal patronal venezolana, que señaló, en una breve nota de prensa, que representantes de los sectores público y privado y de los sindicatos de trabajadores "deliberarán, durante dos días", el establecimiento de una "metodología de cálculo para el salario mínimo".
La gremial indicó que, en representación de la OIT, estuvo presente Christian Ramos, quien fue "designado por esta organización para apoyar, de manera continua", el proceso.
En Venezuela, el salario mínimo, aumentado por última vez en marzo de 2022, es de 130 bolívares, hoy unos 3,2 euros al mes, mientras que el costo de la canasta familiar de alimentos -calculada para un hogar de cinco personas- supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.
El Gobierno reafirmó este mes su compromiso con la "mejora de las condiciones laborales" de los trabajadores, cuyo poder adquisitivo -asegura- se ha visto afectado como consecuencia de las "medidas coercitivas unilaterales impuestas" por EE.UU. y "sus aliados contra Venezuela".
El año 2024 comenzó con una serie de protestas protagonizadas por cientos de empleados públicos en Caracas y varias regiones del país, en rechazo a los "salarios de hambre" y a los pagos de bonificaciones sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, como las prestaciones y las vacaciones, a la vez que exigen mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo.
El presidente Nicolás Maduro anunció este mes un aumento de 30 a 60 dólares de una bonificación mensual que no genera pasivos laborales, una medida rechazada por trabajadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos, ONG y políticos opositores.