Madrid, 6 feb (.).- El pleno del Congreso ha dado luz verde, a falta de la votación, a la tramitación de una ley estatal promovida por el Parlamento de Cataluña para garantizar que todos los municipios de España tengan al menos un cajero automático con servicios bancarios básicos.
La proposición de ley, cuya tramitación han apoyado todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, obliga a las entidades financieras a sufragar el coste de la instalación y mantenimiento de esos cajeros.
Según los últimos datos publicados por el Banco de España, 4.109 municipios españoles, fundamentalmente de zonas rurales y con menor renta per cápita, perdieron la única oficina bancaria de la que disponían entre 2008 y 2017, periodo durante el cual el número de cajeros automáticos disminuyó un 17,6 %, al pasar de 61.714 a 50.839.
Desde entonces se han llevado a cabo actuaciones como los servicios móviles de cajero automático y los convenios con agentes financieros, con lo que el número de municipios de más de 500 habitantes sin acceso presencial a servicios bancarios se redujo un 32,5 % en 2022, según datos reunidos por el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos.
Ese año, no obstante, el consejero catalán de Economía y Hacienda Jaume Giró, que antes había sido directivo de la Fundación Bancaria La Caixa, elaboró la proposición de ley de carácter estatal que este martes se ha empezado a tramitar en el Congreso y que ya se aceptó en el Senado en la pasada legislatura, pero que decayó con las elecciones generales.
El texto contempla una fase de instalación voluntaria de cajeros automáticos por parte de las entidades en los municipios que más les convengan desde punto de vista comercial o empresarial y, si ningún banco se aviene a ello, se activaría un régimen obligatorio financiado con un fondo de garantía que nutrirían los propios bancos.
La proposición de ley, apoyada en el Parlamento de Cataluña por 125 de sus 135 diputados (todos menos los de Vox), ha sido defendida ante el pleno del Congreso por los diputados autonómicos Jordi Orobitg (ERC), Jordi Munell (Junts per Catalunya) y Juan Carlos Gallego (Sumar).