San Juan, 2 feb (EFE).- El Congreso federal debatió hoy sobre la estructura y poder que debe tener la junta de control fiscal que Washington quiere imponer sobre Puerto Rico, para controlar el uso de los fondos públicos y posiblemente supervisar la reestructuración de su deuda de 72.000 millones de dólares.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se ha comprometido a hacer lo posible para que se apruebe la correspondiente legislación durante este primer trimestre del año.
Durante la vista celebrada hoy por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que supervisa los asuntos de los territorios estadounidenses, se estudió el caso concreto de Washington D.C. en la década de los 90 a través del testimonio de Anthony Williams.
Este exalcalde de la capital también fue asesor durante el periodo en que Washington fue supervisada por una junta de control financiero establecida por el Congreso, con resultados muy favorables.
En la vista de hoy, Williams defendió que la junta que se cree debe tener más poderes que el propio Gobierno de la isla, para así poder actuar con independencia y agilidad.
También ofrecieron su opinión el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Carlos García; Thomas Moers Mayer, abogado en representación de los bonistas, y el profesor de economía del MIT Simon Johnson, entre otros.
Todos ellos abogaron también por la necesidad de establecer una junta de control fiscal externa, aunque hubo distintas opiniones sobre cuál debe ser su estructura y el alcance de sus competencias.
A partir de aquí, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara tratará de elaborar una propuesta de Ley que, en palabras del representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, debe ser "bipartidista y balanceada", porque será clave para evitar que "la ya grave situación en Puerto Rico se ponga peor".
"El Gobierno de Puerto Rico tiene un historial de mal manejo de la situación fiscal. Tenemos que aceptar este lamentable hecho, comprometernos a hacerlo mejor y aceptar asistencia temporera en el camino", dijo hoy Pierluisi.
En su opinión, la junta podría aprobar los presupuestos del Gobierno y planes financieros a largo plazo, para asegurar su cumplimiento, e incluso podría nombrar a un mediador que ayude a llegar a acuerdos voluntarios para reestructurar la deuda.
"La legislación debe proveer también a Puerto Rico trato similar al de los estados bajo los programas federales, ya que la falta de atención, por décadas, por parte de Washington es la principal causa de los problemas económicos, fiscales y de pérdida poblacional que sufre Puerto Rico", defendió.
La idea es crear una junta de control externo que supervise la gestión fiscal en la isla y la reestructuración de su deuda, algo que desde ciertos ámbitos puertorriqueños se ve con recelo por temor a que suponga en la práctica una merma en la autonomía gubernamental de la isla.
Desde la Casa Blanca se propone la creación de esa junta, acompañada de legislación para que Puerto Rico pueda acogerse a la Ley federal de Quiebras, entre otras medidas, tal y como expuso en persona el propio secretario del Tesoro, Jack Lew, durante su visita a la isla el pasado 20 de enero.
Mientras, los bonistas estudian la propuesta recién presentada por el Gobierno de Puerto Rico para reestructurar la deuda, un plan que incluye importantes quitas y que condiciona parte de los cobros al logro de objetivos en materia de ingresos fiscales a largo plazo.
El plan supone la reestructuración de 49.000 de los 72.000 millones de dólares de deuda que acumula el sector público. La compañía eléctrica negocia por separado sus 9.000 millones de deuda.