Buenos Aires, 16 mar (EFE).- La petrolera YPF (BA:YPFD), controlada por el Estado argentino, dijo hoy que resolvió apelar una orden de la Justicia que le obliga a revelar un acuerdo confidencial con la estadounidense Chevron (NYSE:CVX) para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en el suroeste de Argentina.
YPF informó en un comunicado que la decisión de apelar la orden judicial fue adoptada por el directorio de la petrolera "en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas, públicos y privados".
Según la compañía, la resolución adoptada este lunes por la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo, del fuero Contencioso Administrativo Federal, de que la firma le remita, en forma completa, el contrato firmado en 2013 con Chevron "no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF".
Además, para la petrolera, la decisión judicial "no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial".
La empresa considera que "la ausencia de dichos recaudos" la pone "en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas" para el desarrollo del área Loma Campana, en la provincia de Neuquén (suroeste), y de futuros proyectos de la compañía.
YPF recordó que Chevron lleva invertidos unos 2.500 millones de dólares en el proyecto de Loma Campana -el mayor yacimiento de petróleo no convencional del mundo fuera de Estados Unidos-, donde se perforaron 470 pozos y se crearon cerca de 5.000 puestos de trabajo directos.
"La inversión de Chevron en el proyecto es totalmente a su costo y riesgo y solo se repaga con la producción generada por el proyecto", aseguró YPF.
La jueza Carrión de Lorenzo ordenó a YPF revelar en forma completa el acuerdo con Chevron a partir de un pedido realizado por el exsenador socialista Rubén Giustiniani, quien inició el proceso con una demanda para que se desvelara el contrato al sospechar que contiene cláusulas secretas.
A finales de febrero pasado, YPF tuvo que entregar una copia del contrato a la Justicia, pero presentó también un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adoptara las medidas necesarias para que se preservara de la divulgación pública la información de carácter confidencial.
La copia remitida no era íntegra, sino que contaba con partes tachadas, según informaron a Efe fuentes cercanas al denunciante.