MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo español rechazó una sentencia de la Audiencia Nacional que pedía a la filial española de Google la aplicación de la doctrina europea de "derecho al olvido" al entender que sólo es responsabilidad de su matriz estadounidense Google Inc (NASDAQ:GOOGL) cualquier borrado de datos del buscador de internet a petición expresa del usuario.
En una sentencia con fecha del lunes, el Supremo tumba las pretensiones de la Agencia Española de Proteccción de Datos (AEPD), que en una resolución de diciembre de 2011 pedía a Google Spain SL cancelar datos personales de varios usuarios.
"Solo Google Inc es la responsable del tratamiento (de los datos) pues a ella corresponde en exclusiva la determinación de los fines, las condiciones y los medios del tratamiento de datos personales", dice el alto tribunal en el fallo divulgado este martes, en el que exime a la filial española de las costas del proceso.
Tras esta sentencia del Supremo, de la que no se desprende un cuestionamiento del "derecho al olvido", cualquier usuario español que quiera ver desaparecer datos personales de Google Search, el buscador de internet más popular del mundo, tendrá que solicitarlo a la matriz estadounidense con sede en Palo Alto, California.
En mayo de 2015, el Tribunal Europeo de Justicia dictó que los residentes europeos tienen derecho a pedir a los motores de búsqueda en Internet que eliminen los resultados en los que aparezca su nombre en el caso de que estuvieran desfasados, fueran irrelevantes o tuviera contenido incendiario: el denominado "derecho al olvido".
A partir de esta sentencia histórica, la propia Google y otros motores de búsqueda como Bing, propiedad de Microsoft (NASDAQ:MSFT), y Yahoo (NASDAQ:YHOO) comenzaron a conceder solicitudes de supresión bajo cumplimiento de ciertos criterios.
Casualmente, el país que inició la lucha por la privacidad en Internet fue España, concretamente el abogado gallego Mario Costeja, quien en 2009 acudió a los tribunales para exigir que Google eliminase información obsoleta en sus búsquedas de Internet que le relacionaban con un embargo por deudas que ya había saldado con la Seguridad Social.