Por Daniel Ramos y Raul Cortes
29 dic (Reuters) -Las principales organizaciones civiles de Santa Cruz, una próspera región agrícola del oriente de Bolivia, anunciaron el jueves un paro de actividades de 24 horas y un bloqueo de carreteras, en repudio por la detención del gobernador local y excandidato presidencial.
Las medidas, que comenzarán a primera hora del viernes, son un nuevo episodio de la crisis iniciada en 2019 con la renuncia del entonces presidente Evo Morales y tienen como trasfondo el afán autonomista del territorio respecto al gobierno nacional, con sede en occidental La Paz.
"Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las cero horas del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación del gobernador del departamento", dijo una resolución el Comité Pro Santa Cruz, aglutinador de esos grupos, tras una asamblea.
Además, informó que respalda la decisión de un comité cívico provincial de bloquear las carreteras que comunican la región con el resto del país, supuestamente para evitar nuevos "secuestros" de ciudadanos, dirigentes o autoridades del departamento.
Horas antes, la fiscalía boliviana pidió seis meses de prisión preventiva para gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mientras que el equipo legal del político arrestado el miércoles, bajo el cargo de "terrorismo", denunció obstrucción de la justicia.
Camacho, que fue tercero en la elección presidencial de 2020, se encuentra detenido en La Paz después de que la policía lo capturó en Santa Cruz en un operativo con gases lacrimógenos que sus allegados calificaron como "secuestro" y en el que, según ellos, hubo disparos.
De aceptarse el pedido de la fiscalía, Camacho sería enviado a una cárcel en El Alto, municipio aledaño a La Paz, dijo en el documento el fiscal Omar Mejillones, quien advirtió de un supuesto peligro de fuga porque el detenido "no tiene un domicilio habitual" y posee "diferentes pasaportes".
Mejillones indicó que, además del cargo por terrorismo, Camacho tiene varios procesos abiertos por delitos como incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, narcotráfico, ultraje a símbolos patrios, discriminación y racismo.
El arresto está relacionado con el derrocamiento en 2019 del expresidente Morales, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), misma organización que el actual jefe del ejecutivo Luis Arce, un suceso por el que permanece encarcelada la exmandataria Jeanine Anez, acusada de orquestar el golpe.
Aquel año, tras una serie de protestas contra un supuesto fraude electoral de Morales, que llevaba en el poder desde 2006, las Fuerzas Armadas le retiraron su respaldo y el gobernante huyó a México gracias al asilo ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Camacho, exlíder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, un bloque conservador que ha liderado por años los reclamos de autonomía, llegó a pedir la renuncia de Morales mediante una carta que entregó en el palacio presidencial.
ACUSACIÓN CONTRA CAMACHO ES "INVENTADA"
Más temprano el jueves, los representantes legales de Camacho denunciaron obstrucción a la justicia tras su detención, que ha elevado la tensión entre el Gobierno y la base del político en la región oriental donde hubo violentas protestas.
"La justicia boliviana secuestrada por el MAS, no permite que los abogados de nuestro líder Luis Fernando Camacho hagan el respectivo trámite para presentar una acción de libertad", dijo el equipo del gobernador a través de su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR).
En un video, uno de sus representantes, que no se identificó, explicó que el poder judicial argumenta que no puede recibir el recurso constitucional porque la sede de la fiscalía en Santa Cruz fue quemada en una protesta de los partidarios del gobernador, un abogado y líder cívico de derechas, de 43 años.
Sin embargo, horas después, la diputada María René Álvarez, de la alianza política del gobernador, Creemos, dijo que se había logrado interponer el recurso en un tribunal de La Paz.
Tras la detención, decenas de manifestantes se dirigieron el miércoles al aeropuerto de la capital del departamento fronterizo con Brasil y Paraguay para impedir que fuera trasladado por vía aérea a La Paz. Luego quemaron la sede de la fiscalía y decenas de vehículos en sus alrededores.
Ya con Camacho en la ciudad andina, donde está la sede del Gobierno nacional, su equipo de comunicación publicó un comunicado en el que el político dice que las acusaciones en su contra carecen de veracidad y que está orgulloso de ser parte de la lucha por la "libertad y la democracia" en Bolivia.
La oficina del fiscal ha negado que el arresto fuera un "secuestro" o que tuviera motivaciones políticas, mientras que Morales afirmó el miércoles que la detención traerá justicia después de tres años.
En respuesta a la solicitud de prisión preventiva, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), segundo en las elecciones ganadas por Arce, dijo el jueves a Reuters que el peligro de fuga argumentado por Mejillones es "un disparate" y rechazó también los principales cargos contra el gobernador cruceño.
"La figura de golpe de Estado es inventada, espúrea e inexistente, mucho menos la figura de terrorismo", declaró.
(Reporte de Mónica Machicao y Daniel Ramos en La Paz; y Kylie Madry y Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México; Editado por Aida Peláez-Fernández y Marion Giraldo)